Los políticos delincuentes tienen que salir del país para ser detenidos, caso concreto el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba, quien pasó sus últimos días de libertar en Italia.

Recordemos que el político estaba acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se supone que era buscado por las autoridades mexicanas desde el año 2012.

Con la detención de Yárringtón surgen los signos de interrogación en la ciudadanía de los estados de Chihuahua y Veracruz.

¿Tendrán que transcurrir seis años para que los ex gobernadores César Duarte y Javier Duarte respondan ante las leyes mexicanas?

La fuga de ambos exgobernadores no sólo deja mucho que decir del sistema de justicia del estado, la percepción social es que la huida de estos se hizo con todo el consentimiento del Estado.

Sin duda no podemos afirmar ni confirmar cómo y quiénes ayudaron -con exactitud-  a escapar de la ley a ambos funcionarios públicos.

Lo que sí es inevitable es pensar que alguien pueda marcharse tan fácil sin el contubernio de las autoridades, sobre todo cuando son dos figuras públicas ante la presión social vía redes sociales.

Existen dos lecturas en el tema de Duarte de Ochoa, hay quienes aseguran que durante las elecciones será el momento de la detención.

Suponen que es la única manera de resarcir el grave daño hecho por estos ex funcionarios a la imagen del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Entregar la cabeza de Javier Duarte antes o durante el próximo proceso electoral, puede ser una estrategia por parte de la Presidencia de la República en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR).

Solo basta recordar la coordinada detención de la maestra Elba Esther Gordillo, a quien con todos los privilegios le cerraron todas las puertas y los caminos, con el objetivo de hacer ver que en el país hasta las vacas más sagradas son metidas al corral.

La otra versión se refiere a que Presidencia de la República no podría facilitar la detención del ex gobernador de Veracruz, porque fue el mandatario que más aportó y se involucró en la campaña de Enrique Peña Nieto.

La incertidumbre política lleva de inmediato a las especulaciones, no obstante hay posiciones que no suenan tan descabelladas y que sólo el tiempo lo dirá.

Por el momento, la justicia en Veracruz ha caído apenas sobre la espalda de cuatro funcionarios.  Arturo Bermúdez Zurita, ex Secretario de Seguridad Pública (SSP), acusado de tráfico de influencia y abuso de autoridad.

Flavino Ríos, a quien se le imputa el haber facilitado el helicóptero a Duarte para su desaparición.

También están Mauricio Audirac, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a quien se le imputa el delito de coalición de servidores públicos, tráfico de influencias e incumplimiento.

El último de la lista es Francisco Valencia, ex titular de la Comisión del Agua del Estado (CAEV), así como en su momento también estuvo al frente de la Secretaría de Comunicaciones (Secom). A este funcionario se le presumen los delitos de peculado, tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición.

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