La Universidad Veracruzana no le debe nada al Instituto de Pensiones del Estado.

La pretensión de cobrarle a la UV un supuesto adeudo de cuotas no pagadas, no sólo es totalmente infundada, sino además, criticable, contradictoria, cuestionable y poco ética, tal como acusa con razón la propia UV mediante oficio AG/979/2015 firmado por el abogado general de la UV Alberto Islas, dirigido al director del IPE, Armando Adriano Fabre.

1.- Criticable, porque el director del IPE manifiesta en su oficio DG/6000/320/2015 que dirigió al titular de Sefiplan, que la UV tiene un déficit acumulado con el IPE desde 2002 por un monto de 2,065 millones de pesos (mdp). Pero señala también en el mismo oficio, que ese déficit ya fue cubierto directamente por el gobierno del estado.

2.- Es contradictoria, porque a pesar de reconocer que el adeudo ya fue pagado, le solicita a Sefiplan en el mismo oficio que le requiera a la UV que le pague al gobierno del estado lo que el gobierno pagó por la UV, ello con el fin, de que el IPE pueda seguir cubriendo el pago a sus pensionados, lo cual resulta ser un verdadero disparate por dos razones:

•          Primero porque el director del IPE no tiene atribuciones legales para solicitarle al Secretario de Finanzas que le cobre a la UV el pago que hizo a nombre de la UV como obligado solidario.

•          Segundo, si el déficit que existía ya lo cubrió el gobierno del estado, entonces el IPE ya cobró, así que ¿cuál es su interés jurídico? Pues ninguno. Sólo el simple deseo de revancha.

3.- Es cuestionable, porque el IPE reconoce haber recibido el pago de las cuotas pendientes que conformaban el déficit referido, y solicita que se le requiera de nueva cuenta el pago del adeudo a la UV porque los recursos no le alcanza.

4.- Y es poco ético, porque con pleno conocimiento de que el adeudo ya fue cubierto por el gobierno del estado, intenta un nuevo cobro.

También señala el mencionado oficio expedido por la UV que aún si fuera el caso de que existiera un adeudo pendiente por cuotas no pagadas, el cobro del IPE sería improcedente porque la ley prevé que en tal circunstancia deberá celebrarse un convenio especial para acordar los términos del pago, lo cual en el caso de la UV no existe ni ha existido, por lo que no hay fundamento legal para el cobro.

Asimismo aclara la UV mediante el mismo oficio de referencia que el IPE no ha acreditado que las cuotas que la UV paga no alcance para cumplir con las obligaciones a su cargo, es decir, para el pago de sus pensionados, por lo que tampoco se ha acreditado que por esa razón se le requiera de otros ingresos.

Lo anterior deja clara la posición de la UV respecto a adeudos inexistentes y deja al descubierto las argucias del gobierno del estado para no reconocer y no pagarle a la UV lo que le adeuda. Pero de eso hablaré en la próxima entrega.

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