Desde que inició, el gobierno de Enrique Peña Nieto mostró su verdadero rostro de forma muy clara. El retorno del más primitivo autoritarismo es la característica que marca el primer tramo del sexenio, en el que la represión de la protesta, la criminalización de los adversarios y el abuso de poder han sido tan descaradamente evidentes en los últimos días, que hasta dan escalofríos.

Por ejemplo, tan burdas y sin fundamento legal fueron las detenciones del pasado 20 de noviembre durante las manifestaciones en el zócalo de la Ciudad de México, que finalmente este fin de semana tuvieron que soltar a las personas que permanecían detenidas en el penal de alta seguridad de Villa Aldama, Veracruz, por falta de pruebas.

Caso parecido es el del activista y escritor Sandino Bucio, quien el viernes pasado prácticamente fue secuestrado por agentes federales en una avenida del Distrito Federal. Si no hubiera sido por la enorme presión social que se generó al conocerse su desaparición y a que hubo un video que mostraba el momento exacto en que fue interceptado por los policías, quién sabe si la hubiera contado.

En todos estos casos la nota en común es un brutal abuso de autoridad de parte de las autoridades, que en los hechos significa una regresión antidemocrática espeluznante, como si de un golpe México hubiera retrocedido 50 años. Y las acciones anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto no indican una rectificación de ese camino, sino todo lo contrario.

En lo que se esperaba fuera un mensaje conciliador buscando recuperar un poco de la credibilidad perdida, el discurso de Peña Nieto para hacer frente a la más grande crisis de su gobierno optó por la consigna fácil e hipócrita (nadie le creyó cuando dijo “todos somos Ayotzinapa”), por las amenazas veladas (su condena a las marchas y protestas), y por las no tan veladas, como su asonada contra el federalismo al decretar que la Federación podrá intervenir y desaparecer ayuntamientos donde haya “indicios” de que la autoridad municipal está coludida con el crimen organizado.

Para mantenerse en el poder, el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende desaparecer los avances que en materia de derechos y libertades ciudadanas se han conquistado con sangre en este país. Quieren hacer del miedo y la violencia un arma contra la población, máxime que están en puerta las elecciones federales intermedias.

Estará en los mexicanos expresar en las urnas lo que pensamos de este gobierno.

JCC: mediocridad oficial

Concluyeron los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. En lo deportivo, los atletas se sobrepusieron a la pésima organización del gobierno veracruzano, y sacaron la casta a pesar de las condiciones adversas en las que muchos tuvieron que competir, básicamente por los problemas de alimentación y hospedaje. Un aplauso para ellos.

Pero aun cuando el gobierno de Javier Duarte pretendió disfrazar de “éxito” su rol como organizador, su fracaso es inocultable. Y ni siquiera por falta de capacidad, sino por la cínica rapacidad de sus titulares. La corrupción que nubló el panorama de los Centroamericanos será el estigma que acompañará para siempre esta edición de las competencias, que salvo en las peroratas oficiales y en las plumas a sueldo, nadie califica como las “mejores de la historia”.

Las rechiflas al gobernador Javier Duarte en la inauguración de los Juegos en el estadio Luis “Pirata” Fuente y en el partido de volibol al que se presentó en Córdoba, son la calificación más contundente de su “éxito”.

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