A partir de la salida de Gina Domínguez de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz, y con la llegada de Alberto Silva Ramos a ese cargo, se ha insistido en que se construye una “nueva relación” con los medios de comunicación del estado, y en particular, con los periodistas.

Dicha relación quedó sumamente lastimada luego de tres años de indolencia, soberbia, falta de sensibilidad y abierto desprecio hacia los comunicadores desde la esfera oficial, lo que los colocó en un estado de indefensión ante las agresiones, tanto de la delincuencia como del propio gobierno.

Esto quedó trágicamente reflejado en los diez reporteros muertos durante lo que va del sexenio de Javier Duarte de Ochoa, quienes además fueron doblemente victimizados al pretenderse desde la Procuraduría de Justicia del Estado y de la misma Coordinación de Comunicación Social enlodar sus nombres vinculando sus muertes a actos ilícitos o a “asuntos personales”, sin presentar pruebas y aún antes de que iniciara investigación alguna al respecto.

Tras el asesinato del reportero del sur de Veracruz Gregorio Jiménez, que provocó una protesta y condena internacional contra las agresiones a periodistas en el estado, el gobernador Javier Duarte removió de sus cargos al Procurador y a la vocera de su administración. Esta última fue sustituida por Alberto Silva Ramos, ex alcalde de Tuxpan y ex secretario de Desarrollo Social estatal. Un político cercano al afecto del mandatario, que hasta antes de esa crisis buscaba construir una aspiración para contender en el proceso de sucesión de 2016.

En la forma, en la apariencia, sí se ha notado un cambio. A partir de que tomó la decisión de mover las piezas de su gabinete, el gobernador Duarte ha ofrecido tres conferencias de prensa en el palacio de gobierno y se ha reunido a desayunar con los reporteros de la fuente en dos ocasiones al término de las sesiones de preguntas y respuestas.

Por su parte, el Coordinador de Comunicación Social emprendió una serie de reuniones con columnistas y dueños de medios para entablar un acercamiento y conocer de cerca sus inquietudes. Y en algunos casos, hasta las cuentas que dejó pendientes su antecesora.

Incluso, el secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita se incorporó a la dinámica de los desayunos con la prensa para “limar asperezas”. Hay que recordar que es precisamente su dependencia la que contabiliza el mayor número de quejas por agresiones contra los trabajadores de la información.

Todo lo anterior no está mal. Es buena señal que se dé paso a una mayor apertura en la relación Prensa-Gobierno en Veracruz, que no tienen por qué ser enemigos por definición. La cerrazón del periodo anterior hizo mucho daño, tanto a la labor de los periodistas como a la propia imagen del gobierno, que nunca pudo comunicar de manera eficiente sus temas de interés.

Sin embargo, hay que tomar con reservas lo que hasta ahora son sólo muestras de buena voluntad. Se cometieron agravios que no pueden resarcirse con un mero “usted disculpe” o un “borrón y cuenta nueva”. Menos aún, con invitaciones a desayunar.

Se debe ir al fondo de las investigaciones sobre la muerte de los diez periodistas ultimados entre 2011 y 2014 para que no haya impunidad. Tiene que crearse un mecanismo que de verdad sirva para proteger a los reporteros y no sea un mero coto de poder personal para darle “chamba” a los “cuates”.

Es menester que exista respeto por la actividad de los trabajadores de la información y que ésta no sea objeto de agresión ni persecución de parte de las fuerzas policíacas del estado. La libertad de expresión y manifestación tiene que ser garantizada por el Estado, sin represalias contra la crítica ni chantajes comerciales contra los medios, y con apertura hacia las solicitudes de información.

Si el Gobierno de Veracruz muestra disposición para cumplir con lo anterior, podremos creer que de verdad habrá un cambio positivo. De lo contrario, no pasará de incluir en la dieta de los lunes de políticos y reporteros más que huevos y frijoles.

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