La exposición mediática del caso Ayotzinapa y la repercusión internacional de las protestas y demandas de justicia por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, fue lo que propició que no se parara hasta encontrar y aprehender a quienes son señalados como los autores intelectuales de ese delito: el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda.

Eso mismo fue lo que precipitó la caída del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien a pesar de su probada incapacidad para llevar las riendas del estado, no sólo en el tema de la seguridad, se aferraba como perro al hueso.

Pero ¿y si  nadie hubiera dicho nada? ¿Si lo que hubiera privado, como en muchísimos otros casos similares, fuera el silencio, la indiferencia?

No es aventurado pensar que se hubiera repetido el mismo fenómeno que tiene desgarrada el alma de este país: habría una brutal impunidad.

Impunidad como la que existe en el caso de los diez periodistas asesinados en Veracruz en los últimos cuatro años; o como la que hay para políticos como el ex dirigente del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez, quien terminó siendo exonerado de los cargos por prostitución y trata de personas, no porque sea inocente, sino porque su red de complicidades –y de clientes– abarcaba amplias franjas de la clase política de México. En Veracruz muchos lo podrían confirmar.

Si los estudiantes y los organismos civiles no hubieran salido a las calles a demandar incluso la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, tenga usted por seguro que se habría apostado, como en muchos otros casos que han enlutado a centenares de familias, al olvido.

Pero no hay que equivocarse. Lo que quedó al descubierto en el último mes es el altísimo grado de descomposición de todo el sistema político mexicano, que ha sido infiltrado por la delincuencia a nivel tal, que gobiernos y bandas criminales operan al alimón, sin importar su filiación partidista. Lo mismo en Guerrero que en Tamaulipas, Morelos, Puebla, Chihuahua o Veracruz.

Para muestra, dos botones del Golfo de México. En el municipio de Acultzingo, en la sierra de Zongolica, la gente vive aterrorizada por los “levantones” que cotidianamente se perpetran en su territorio, donde también se presume que hay fosas clandestinas. Y las autoridades municipales han preferido salir por piernas y renunciar, a terminar en una tumba sin nombre a manos de los Zetas.

O no muy lejos de ahí, en el municipio de Atoyac, donde la población denuncia que desde agosto de 2013 la policía estatal se llevó a 20 personas, de las cuales no se sabe absolutamente nada a día de hoy, tal como lo publicó el portal de noticias Animal Político.

Y así podríamos recopilar historias de horror por todo el país. Historias de corrupción, muerte e impunidad que permanecen escondidas en un baúl de indiferencia, enterradas en otro tipo de fosa clandestina.

Por eso ha sido tan importante la reacción ciudadana en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, al punto de obligar al gobierno a actuar y ofrecer una respuesta que, de todas maneras, sigue siendo insuficiente, corta, pueril.

Porque la podredumbre del régimen en su conjunto no desaparece con la detención de los Abarca, ni con la renuncia de Aguirre. Mucho menos, con el nuevo “pacto” al que convoca el presidente Peña Nieto para intentar lavarse la cara y eludir su responsabilidad en el desastre en el que está sumido buena parte del país.

Mientras no haya verdadera justicia en México, nada de lo que hagan importará un bledo.

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