El maltrato infantil daña hasta lo más profundo a los menores causándoles estragos en lo físico, emocional, moral y psicológico. Además, marca su personalidad lastimándola, minimizándola y restándoles confianza.

El diputado local Jesús Alberto Velázquez Flores recuerda que existen factores sociales que pueden ser activos del maltrato infantil. Por ejemplo, desigualdades sociales y de género, que pueden detonar en eventos de violencia entre iguales, pobreza, desempleo, hacinamiento por falta de viviendas adecuadas, falta de políticas y programas de prevención, atención y rehabilitación de todas las formas de maltrato infantil, entre ellas abuso sexual,  pornografía infantil, explotación sexual, prostitución infantil, bullying, explotación laboral, maltratos físicos, todos por demás crueles y degradantes. Urge entonces una total protección en el marco jurídico del Estado que les garantice a las niñas, niños y adolescentes una verdadera  protección y justicia.

Mediante una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz y del Código Penal para el Estado de Veracruz, el legislador perredista busca incorporar en la parte general, un segundo párrafo al artículo 17 que revista la importancia de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,  se crea para ello un nuevo tipo penal denominado “Maltrato infantil”, éste último en  el Título IX denominado “Delitos de maltrato e inducción a la mendicidad”, en el cual se agrega el Capítulo I Bis “Maltrato infantil”, considerando que este delito merece un capítulo especial incluso más allá de la violencia familiar, porque el maltrato infantil, indica el congresista, no sólo ocurre en el ámbito familiar sino que también existen otros espacios en los cuales se maltrata a los menores de edad.

En este sentido, Jesús Alberto Velázquez Flores considera las siguientes agravantes que se incrementarán hasta en una mitad cuando el maltratador fuera ascendiente o tenga una relación de guarda, custodia, protección, educación o cuidado, con el menor; el maltratador utilice la fuerza física, causándole al menor una alteración a su salud; el maltratador emplee castigos corporales u otras formas de castigos crueles o degradantes, el maltratador tenga una relación de amistad o confianza con la víctima del delito, por ejemplo, en el caso de concubinato. Ello da cumplimiento a lo que señala y obliga tanto la Constitución como los Tratados Internacionales en materia de protección a los Derechos de la Infancia, en razón del principio del interés superior del niño.

En cuanto a la propuesta de reformas y adiciones a la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz, el representante popular busca establecer claramente el derecho que tienen los menores a ser protegidos contra los castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes y de esta forma armonizar el sentido de la iniciativa en la cual se penalizará precisamente esta conducta.

Así que desde este jueves, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz y del Código Penal para el Estado de Veracruz, estará a disposición del voto favorable del resto de los legisladores para que se haga valer la protección de niñas, niños y adolescentes en el estado.

STENV, en defensa del IPE

En dos medios de comunicación (La Jornada Veracruz y Gráfico de Xalapa), los integrantes del Sindicato de Trabajadores Normalistas y de la Educación en Veracruz (STENV) exponen que el organismo sindical asume con responsabilidad, pero también con objetividad, la defensa del Instituto de Pensiones del Estado por ser la institución que garantiza los derechos sociales de los trabajadores al servicio del estado de Veracruz, establecidos en la Constitución política del país.

El documento, que consta de cuatro páginas, denota largo trabajo de análisis relacionado a la Ley 287 del IPE. Es un trabajo de análisis que acostumbran hacer los integrantes del mencionado sindicato con respecto de los temas relacionados con la educación y con los trabajadores de la educación. Por ello es importante, por ello no es conveniente ignorar el documento.

En el documento en cuestión se lee que los integrantes del STENV expresan la legítima aspiración de asegurar condiciones de trabajo y de un retiro digno a los miles de trabajadores del estado.

Por ello, expresan las siguientes demandas:

“Al gobierno del estado para que en un acto de madurez política establezca las responsabilidades a quienes corresponda y efectúe acciones de fortalecimiento financiero del IPE, en justa retribución de los fondos que se han retenido indebidamente en Sefiplan sin pagar los intereses consecuentes así como el importe de los préstamos, cuyo monto real se desconoce y no se ha comprobado hayan sido reintegrados al patrimonio del IPE.

“Al Congreso del Estado para que atienda el reclamo de los miles de trabajadores y pensionados y formule la iniciativa de reforma a la Ley 287 en todas aquellas disposiciones que transgreden los derechos y promueven el desequilibrio y abuso en la administración del IPE. Este asunto amerita la misma celeridad con que se efectuó la reforma a la Ley 267 de educación en abril del presente año.

“Independientemente de las ambigüedades e imprecisiones de la Ley y de los cuatro artículos impugnados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los aspectos torales de la reforma que estamos demandando y que entregamos en forma detallada al gobierno del estado y al congreso local se enfocan en los temas siguientes:

“Profesionalizar la administración del IPE y equilibrar la composición del Concejo Directivo para hacer efectiva la autonomía de gestión. El director del IPE debe ser un profesional seleccionado por su formación y experiencia, al margen de compromisos políticos.

“Participación en el Concejo Directivo y el Comité de Vigilancia de otras organizaciones con reconocimiento legal que representen legítimamente a los trabajadores y pensionados así como establecer periodos definidos para renovar a sus integrantes, pues la permanencia de éstos ha resultado nociva para el propio funcionamiento del instituto.

“Restablecer el texto del artículo 98 de la Ley Número 20 en relación a la figura del gobierno del estado como responsable en caso de déficit financiero. Resulta un contrasentido que el gobierno centralice la toma de decisiones y ejerza la autoridad máxima en el consejo directivo y por otro ante una problemática financiera se limite a ser responsable solidario.

“Reconsiderar el porcentaje de las aportaciones de los nuevos jubilados aplicando criterios de proporcionalidad y gradualidad sin que el monto sea mayor al 8 por ciento.

“Exentar la percepción de hasta cinco salarios mínimos de la aportación que realicen los nuevos pensionados.

“Reconocer en un artículo transitorio el derecho adquirido de los trabajadores que continúan activos y que ya han cumplido 30 o más años de servicio, no sólo para efectos de la pensión por jubilación sino para la viudez, orfandad y para ascendientes. Se deduce que se respetarán, sin embargo, la ley debe especificarlo.

“Incluir en el texto del artículo 54 a los trabajadores activos para recibir el beneficio del otorgamiento de pensión a familiares en caso de desaparición.

“Determinar el sueldo regulador para los trabajadores que ingresen en el marco de la Ley 287, considerando el lapso de los últimos 10 años como se establece para los trabajadores en transición.

“Reconsiderar la pertinencia de que el 50 por ciento de la reserva técnica se invierta en instrumentos de deuda pública o en su caso establecer procedimientos de vigilancia que aseguren la recuperación del capital y los intereses respectivos.

“Tipificar la información relacionada con la administración de los recursos del IPE como pública de manera que se cumpla lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, estableciendo claramente los mecanismos de difusión de la información y rendición de cuentas.

“Crear una comisión representativa y legitima de los trabajadores y jubilados que dé transparencia y favorezca la rendición de cuentas”.

En el documento, los afiliados al STENV reconocen los factores que han incidido para llevar al IPE a una situación de crisis financiera. Para ellos destacan los siguientes: la composición de los órganos de gobierno y la centralización en la toma de decisiones; la opacidad con que se maneja la información acerca de su funcionamiento; la evidente utilización de sus recursos para fines distintos a los que por ley tiene encomendados; el silencio de quienes representan en el Concejo Directivo y el Comité de Vigilancia a los derechohabientes ante el incumplimiento de las responsabilidades de la parte patronal; la autorización indebida de préstamos al gobierno que hasta hoy no han sido pagados o por lo menos no se ha demostrado que hayan sido devueltos; la pésima administración; de empresas e inmuebles del instituto; el otorgamiento de altas pensiones a personas vinculadas al gobierno y a grupos políticos o sindicales, entre otros.

Las cuatro páginas del documento en cuestión abordan muchos temas que inquietan hoy a los trabajadores del estado; por ello, como ya se dijo, no es conveniente ignorarlo.

 e-mail: [email protected]