Por años, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) ha sido la “caja chica” de las distintas administraciones que desde su fundación, han tenido a su disposición los fondos provenientes de todos los trabajadores al servicio del estado de Veracruz.

Creado para garantizar una pensión para el retiro de los empleados de las diferentes instancias de gobierno de la entidad, así como para brindarles créditos, el IPE se mantiene en pie, precisamente, gracias a las aportaciones que puntual y rigurosamente éstos le hacen, quincena a quincena, descontadas de sus salarios. Para ser claro, el dinero del Instituto es dinero de los trabajadores.

Sin embargo, el IPE vive hoy –y desde hace varios años- una crisis financiera que lo tiene al borde del colapso. Y esto es producto de los malos manejos de que ha sido víctima, del desfalco a que se le ha sometido para financiar con dinero ajeno campañas políticas y hasta estipendios personales de los gobernantes en turno, que sin el menor escrúpulo, pusieron en riesgo la vejez de los trabajadores que entregaron su vida al servicio público, ya sea desde el magisterio, la burocracia o sectores estratégicos como el de la salud.

Quizás el mayor saqueador del IPE haya sido el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, en cuya administración esta institución comenzó la fase terminal de su crisis, que ha tocado fondo durante el presente sexenio.

Nunca como ahora se vieron situaciones como la de que los pensionados, la mayoría ya personas de la tercera edad, tuvieran que salir a las calles de las principales ciudades de Veracruz para protestar porque el Gobierno del Estado no les pagó a tiempo su quincena –mísera, de por sí-, o porque les “jineteó” su aguinaldo.

Pues en menos de seis meses hemos visto repetirse esta situación, vergonzosa por donde se le vea, pues las aportaciones de los trabajadores en activo se siguen descontando, así que es inentendible que en el IPE haya momentos que no tengan un centavo. Claro, mas que para cubrir los emolumentos de sus directivos.

No es para menos. La deuda del Gobierno con el Instituto de Pensiones se calcula en aproximadamente cuatro mil millones de pesos, según cifras conservadoras, porque también se habla de que ésta ascendería a los cinco mil millones. El IPE ha sido el blanco de las ambiciones de políticos indecentes, un signo más que representativo del desaseo financiero que ha caracterizado al menos a las dos últimas administraciones estatales, las de Fidel Herrera y Javier Duarte.

Y para sacar del pozo al IPE, desde el Gobierno del Estado han decidido que alguien tiene que sacrificarse. Pero de ninguna manera serán los políticos que lo han saqueado quienes asuman tal responsabilidad. Serán los propios trabajadores.

En la iniciativa de nueva Ley de Pensiones del Estado que acaba de enviar el gobernador Javier Duarte a la LXIII Legislatura, se establecen, entre otras cosas, que las aportaciones de los trabajadores, ésas que se han robado descaradamente en los diferentes gobiernos, aumentarán en 5 por ciento. Y también dispone que la edad jubilatoria se incremente a 65 años, según para quitarle carga al Estado a la hora de mantener en su vejez a quienes toda su vida a éste lo mantuvieron mediante su trabajo.

En los hechos, lo que pretende el Gobierno del Estado es colocar sobre la espalda de los trabajadores la pesada loza de rescatar al IPE de la ruina. Y los saqueadores, bien gracias. En la opulencia y la impunidad.

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