Este fin de semana fuimos testigos de la absoluta desmesura con que se abordó desde prácticamente todos los frentes el caso de la periodista y funcionaria del Ayuntamiento de Boca del Río María Josefina Gamboa Torales, quien la madrugada del sábado atropelló y dio muerte a un tatuador de nombre José Luis Burela, en el puerto de Veracruz.

Lo que debió haber sido una noticia más de la sección policiaca, al tratarse de un accidente como varios que suceden en cualquier ciudad, se convirtió ya en un escándalo político-mediático que hasta portadas completas ha merecido en diarios y portales informativos veracruzanos, y que prendió fuego a las disputas y diatribas entre los actores políticos que se disputan el poder en el estado.

Apenas se tuvo noticia del percance, desde los medios afines al gobierno de Javier Duarte de Ochoa se emprendió una campaña de linchamiento en contra de Gamboa Torales, quien fue tratada con una saña inaudita, una que no se ve ni con el peor criminal.

¿La causa? Que en su columna “Al aire” publicada en el diario Notiver, Gamboa se ha distinguido por ser una ácida crítica de la administración de Javier Duarte, quien a su vez, encontró en este trágico percance la oportunidad perfecta para ejercer una dura venganza contra la comunicadora, a la que se le echó encima todo el aparato del Estado.

A diferencia de otros casos, María Josefina Gamboa no está sola ni indefensa ante el embate gubernamental. Ella es funcionaria pública, directora del Instituto Municipal de la Mujer del Ayuntamiento panista de Boca del Río y, por ende, cuenta con el apoyo y cobijo de su jefe el alcalde Miguel Ángel Yunes Márquez y del padre de éste, Miguel Ángel Yunes Linares, quien también encontró en esta desgracia que enlutó a una familia, la oportunidad perfecta para atacar y lanzar diatribas contra el gobernador Duarte, en un nuevo episodio del enfrentamiento político que sostienen.

En descargo de Gamboa Torales, hay que señalar que no huyó del lugar de los hechos tras el atropellamiento y afrontó su responsabilidad. La clave de este asunto es si iba o no alcoholizada al momento de arrollar a José Luis Burela, quien dicho sea de paso no utilizó el puente peatonal colocado exactamente en la vía donde murió tras ser impactado. Ella niega haber consumido alcohol y se apoya para ello en la versión de la Dirección de Tránsito Municipal de Boca del Río. El gobierno estatal asegura que sí y con esa base le negó el derecho a una fianza para enfrentar el proceso en libertad, al tiempo que anunció que estudia proceder legalmente contra las autoridades municipales que pretendieron “encubrir” a la también ex candidata del PAN a la diputación local por Veracruz.

El tema ha provocado una polarización sorprendente en el mismo gremio periodístico. Desde quienes se unieron, por antipatía o por consigna, al linchamiento de Gamboa y casi piden su crucifixión, hasta los que acusan al gobierno de Javier Duarte de fabricar las pruebas en contra de la columnista y hasta de haberle “lanzado” a su coche, desde el puente peatonal, al hoy occiso. La desmesura llevada a un grado esquizofrénico.

No conozco personalmente a María Josefina Gamboa. No hay simpatía ni antipatía de mi parte hacia ella, pues nunca la he tratado. La escuchaba cuando conducía un programa de radio y leo ocasionalmente sus columnas, que me parecen llenas de una visceral estridencia por su pleito con Javier Duarte de Ochoa. Además, repruebo su doble papel de periodista-funcionaria, que me parece es inaceptable desde cualquier código deontológico periodístico. No se puede ser juez y parte.

Sin embargo, tampoco me parece que debamos festinar que desde el poder se haya lanzado a una jauría a despedazarla por ejercer la crítica, fundada o no, contra el gobierno estatal. Sienta un precedente alarmante, porque el mensaje es que ése será el mismo tratamiento que se dará a todos quienes ejercemos la crítica periodística si nos vemos involucrados en un accidente o cometemos un error. Aplastarnos, golpearnos hasta morir, literal y figuradamente.

Por lo demás, si Marijose Gamboa –como es popularmente conocida- cometió un delito, debe pagar por ello, sin trampas, sin influyentismo y sin impunidad. Pero también tiene derecho a un proceso judicial justo, apegado a derecho y en el que se respeten sus garantías. Y particularmente, a que se proteja su integridad física si es ingresada a prisión, donde otros comunicadores que también osaron criticar a la administración estatal en un pasado no muy lejano, fueron sometidos a un infierno que casi les cuesta la vida.

Y en vez de aprovechar para descargar sus rencores o para sacar raja política, sus detractores y sus defensores, los gobiernos estatal y municipal de Boca del Río, deberían ocuparse en atender a la familia de José Luis Burela. Pero no con demagogia ni usándolos para hacer escarnio de Gamboa Torales, sino para apoyarlos de forma efectiva en este momento en que, realmente, viven una tragedia.

Ni más, ni menos.

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