Aunque no hay un registro pormenorizado del número real de migrantes muertos a su paso por territorio mexicano con rumbo a Estados Unidos, esta situación de reiterada violación a los derechos humanos bien puede ser considerada como una suerte de holocausto, tal como la califica el sacerdote católico y activista Alejandro Solalinde.

De  acuerdo con el documento “Narrativas de la transmigración centroamericana en su paso por México”, informe presentado por Solalinde en el marco del Día Internacional del Migrante con base en los testimonios de las personas que le ha tocado socorrer, 52 por ciento de los indocumentados que cruzan por la frontera sur del país sufren robos, 33 por ciento son extorsionados, cuatro por ciento son secuestrados y tres por ciento reciben amenazas. Además, refiere que las cifras oficiales sobre migrantes desaparecidos en territorio mexicano son más bajas de las que en realidad ocurren.

Los victimarios de los migrantes van desde los tratantes de personas hasta las bandas del crimen organizado que los reclutan a la fuerza o les cobran derecho de paso, tasado entre 100 y 500 dólares, cuando viajan en el lomo de “La Bestia”, el ferrocarril que los transporta desde Coatzacoalcos hasta la región norte del país –del cual son arrojados si no tienen dinero para pagar–. Y por supuesto, los agentes de migración y las policías federal, estatales y municipales, que suelen coludirse con aquellos.

Si hay un país peligroso para recorrer, ése es México. Y de sus entidades federativas, Veracruz es una de las que se lleva los primeros lugares en abusos contra los indocumentados, que deben enfrentar toda clase de peligros e infortunios para intentar alcanzar su meta de llegar al país del norte. No para vivir el “sueño americano”. Simplemente para escapar de una realidad de pobreza y marginación en sus lugares de origen, aunque el periplo muchas veces termina en tragedia.

Los abusos ocurren a ojos de las autoridades de todos los niveles que, como sucede en Veracruz, simple y llanamente se cruzan de brazos. No les interesa en absoluto tomar este problema en sus manos, a pesar de que no se trata únicamente de una crisis humanitaria, que por ése sólo hecho ameritaría que se tomaran acciones, sino también de seguridad pública.

Como los migrantes no votan ni son clientela política de nadie, son abandonados a su suerte. Sólo los organismos de derechos humanos y asociaciones civiles como Las Patronas les tienden una mano. Sin embargo, sus esfuerzos son insuficientes ante la magnitud y complejidad de este fenómeno, que claramente tampoco está entre las prioridades del Gobierno Federal.

Por desgracia, somos una sociedad tan hipócrita y racista, que usualmente nos quejamos e indignamos cuando los connacionales mexicanos son maltratados o discriminados en los Estados Unidos. Pero cerramos ominosamente los ojos ante las vejaciones, torturas y agresiones que atizamos a los centroamericanos que se aventuran a pasar por México.

Y no se ve cómo esto pueda cambiar pronto.

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