En una decisión por demás sorpresiva, el PRI aceptó que en el dictamen sobre la reforma energética que al momento de escribir estas líneas se debate en el Senado, se marginara al sindicato petrolero del Consejo de Administración de Pemex.

El Artículo 20 transitorio establece que el órgano máximo de decisión de Petróleos Mexicanos estará conformado por diez consejeros, cinco del Gobierno Federal y cinco independientes. El Secretario de Energía será quien lo presida y tendrá voto de calidad.

Ello, como concesión al PAN para seguir adelante con el proceso legislativo con el que, en los hechos, se desmantelará por completo la estructura actual de exploración, explotación y comercialización de los energéticos “propiedad de la nación”.

Así como lo fue el magisterio, por años el sector petrolero representó uno de los bastiones políticos, económicos y electorales más fuertes del priismo. Los trabajadores eran acarreados en hordas a los mítines de los candidatos tricolores y aleccionados –o amenazados– para votar invariablemente en favor del PRI en los comicios de todos los niveles.

Por supuesto, vía el sindicato, las campañas de los abanderados priistas recibían grandes cantidades de dinero, que la organización gremial manejó a discreción y sin rendición de cuentas. Esto, a cambio de brindar total impunidad a los líderes para medrar con las cuotas sindicales y darse vida de sultanes, mientras les durase el poder.

Los más conspicuos representantes de estas formas del quehacer político priista fueron Joaquín Hernández Galicia “La Quina” y Carlos Romeros Deschamps. Como líderes nacionales del sindicato petrolero, ambos acumularon poder y riquezas desmedidas, como pago por sus servicios al régimen que los creó y los cobijó. Y cuando el primero se rebeló en contra de sus creadores, simplemente lo aplastaron.

Con esta nueva disposición, que aún deberá ser ratificada en la Cámara de Diputados, el sindicato pierde casi todo su poder, pues ya no tendrá voz ni voto en las decisiones que se tomen en Pemex, que dejará de ser una paraestatal para convertirse en “empresa productiva del Estado”.

Además, en la reforma se señala que se establecerán “nuevos mecanismos de administración y contratación” en la industria energética, así como en el régimen de remuneraciones de su personal, lo que en términos llanos es acabar con el contrato colectivo. Y por consiguiente, con el sindicato, que ya no tendría razón de ser.

Planteado así, suena muy bien. El Sindicato Petrolero se convirtió en un nido de corrupción galopante a cambio de favores políticos. Sin embargo, el PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto lo sacrifican no por una convicción acerca de la transparencia y la eficiencia. Como sucedió con el SNTE, dejaron de ser funcionales y antes de que se conviertan en un lastre, se desembarazan de ellos.

Habrá que ver cuál es el efecto que estas decisiones tendrán en lo político, cuando vuelva a haber elecciones. El régimen apuesta por la desmemoria de los votantes. Y en todo caso, un descalabro electoral sería un mal menor, comparado con el bien superior que le representará el negocio energético.

El saqueo está en marcha.

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