En medio de un espectáculo vergonzoso, indigno de una tribuna legislativa, los serviles diputados locales del PRI, PVEM y Panal -salvo tres honrosas excepciones- aprobaron la basificación de más de siete mil trabajadores de confianza de la administración pública estatal de Veracruz.

Con el más absoluto descaro, irresponsabilidad y falta de ética, los empleados de diferentes dependencias del gobierno estatal fueron enviados, por instrucciones directas de sus superiores, a la sesión de la LXIII Legislatura del Estado para presionar por la aprobación de la iniciativa con la que el todavía gobernador Javier Duarte abrirá un boquete de más de mil 200 millones de pesos en las finanzas del siguiente gobierno estatal.

Incluso, se pudo identificar -camuflados entre la masa de burócratas a los que se ordenó llegar al Congreso del Estado desde las ocho de la mañana- la presencia de conocidos “porros” y golpeadores a sueldo del régimen, como uno llamado “La Pulga”, que durante la sesión se dedicaron a lanzar insultos y vulgaridades en contra de los diputados que se opusieron a esta nueva canallada del duartismo.

Los resultados son conocidos. La iniciativa de decreto para reformar las leyes estatales del Servicio Civil y del Servicio Público en la Administración Pública Descentralizada fue aprobada con 29 votos de diputados cuyos nombres quedaron hundidos en el fango de la sumisión y la ausencia de la más elemental integridad. Ojalá que al menos lo hayan cobrado bien.

Porque como ya se ha mencionado profusamente, estas enmiendas no persiguen ningún beneficio social ni están respaldadas por interés alguno en la seguridad y estabilidad laboral y económica de los trabajadores estatales, a quienes a la par de estas acciones, se les aplicó por enésima ocasión en este sexenio un descuento en sus percepciones salariales, bajo una consigna perversa y humillante: “mejor el 10 que el 100 por ciento”, les decían sus superiores al darles a conocer el nuevo recorte a su sueldo.

Por lo demás, está en veremos que estas reformas puedan llegar a aplicarse en la realidad. De acuerdo con el artículo transitorio del decreto aprobado, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y la Contraloría General cuentan con un plazo de 90 días para “realizar las acciones procedentes” que cumplan con lo ahí dispuesto.

A esta administración le restan 139 días y contando. Y de lo que ambas instancias resuelvan en este lapso, dependerá la suerte y el futuro de sus titulares, Antonio Gómez Pelegrín y Ricardo García Guzmán.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que es atribución de la Contraloría “inspeccionar el ejercicio del gasto público estatal y verificar su congruencia con el Presupuesto de Egresos aprobado”, mientras que a la Sefiplan le corresponde “diseñar, implementar y actualizar un sistema de programación del gasto público bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, acorde con los objetivos y necesidades de la administración pública estatal, asesorando y apoyando a las dependencias y entidades en la integración de sus programas presupuestarios y actividades institucionales”; así como “presupuestar anualmente el gasto público del Gobierno del Estado con enfoque a resultados, tomando en consideración los anteproyectos de presupuestos de las dependencias y entidades del gobierno estatal, quienes los deberán elaborar y presentar con la anticipación necesaria en términos de las disposiciones legales aplicables”.

Es un hecho que el decreto de basificación de la burocracia pondrá en riesgo la estabilidad financiera del estado, ya que se aprobó sin contar siquiera con un estudio de factibilidad que lo respaldase y a sabiendas de la situación de fragilidad de las finanzas públicas. Gómez Pelegrín y García Guzmán lo saben perfectamente.

Así que si realizan las “acciones procedentes” que mandata el decreto podrían incurrir en actos que les generen responsabilidades posteriores, pues no cumplirían con sus atribuciones de ley antes mencionadas.

Se estarían dando un balazo en el pie.

El anexo del anexo

Este viernes, el Ejecutivo estatal enviará al Congreso local el “anexo del anexo”, con la lista final de proveedores del gobierno estatal, que ahora irá acompañada y, por ende, respaldada por la firma de los titulares de todas las dependencias de la administración estatal.

A ver qué nuevas sorpresas nos trae.

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