Xalapa, Ver.- Trabajadores de la Fiscalía General de la República (FGR) en Veracruz enfrenta denuncias por el aseguramiento durante casi ocho meses de seis helicópteros, un avión, una aeropista y las instalaciones de una empresa dedicada a la fumigación agrícola en Medellín de Bravo.

La compañía Agrogema Agro, S.A. de C.V. acusó al fiscal federal en Veracruz, Mauricio Alexandro Rosaldo García, así como a tres agentes del Ministerio Público, de presuntas irregularidades y abuso de autoridad durante la investigación.

Las denuncias fueron presentadas ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR por el apoderado legal de la empresa, Omar Pérez Gómez, quien señaló que los bienes permanecieron asegurados sin que la compañía fuera reconocida formalmente dentro de la carpeta de investigación como investigada, imputada, víctima o parte ofendida.

Entre los funcionarios señalados también se encuentran Carlos Manuel Pérez Solís, agente del Ministerio Público Federal y titular de la Célula II-1 de Investigación en Xalapa, y Andrea Jahel González Castillo, fiscal en jefe de la FII-II, además de otro agente ministerial.

El abogado de la empresa, José Jorge Reyes Peralta, informó que la investigación ya fue judicializada y que el representante legal de Agrogema Agro deberá comparecer el próximo 4 de noviembre ante un juez de control federal en Emiliano Zapata.

De acuerdo con la defensa, la FGR pretende imputarle el delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, contemplado en el artículo 172 Bis del Código Penal Federal, con una pena de entre dos y seis años de prisión.

Reyes Peralta sostuvo que tanto la aeropista como las aeronaves cuentan con la documentación necesaria para operar y afirmó que durante la investigación la empresa entregó a la Fiscalía información relacionada con los aparatos, sus clientes, estados financieros y mecanismos de cumplimiento.

El litigante señaló que Agrogema Agro se dedica a la fumigación agrícola y que alrededor de 50 familias dependen directamente de sus operaciones. Según la defensa, el aseguramiento ha provocado pérdidas estimadas en aproximadamente 40 millones de pesos.

El abogado cuestionó además que la eventual imputación se concentre en el uso ilícito de instalaciones aéreas, pues consideró que ese delito no corresponde con los señalamientos que, según la empresa, dieron origen al aseguramiento.

Finalmente, negó que durante el cateo se hayan localizado armas propiedad de la empresa y rechazó que Agrogema Agro enfrente una investigación por delincuencia organizada.