Xalapa, Ver. - Movimiento Ciudadano acusó persecución política luego de que la Fiscalía General del Estado solicitara al Congreso de Veracruz retirar el fuero al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y al de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos emanados de ese partido y actualmente sujetos al procedimiento legislativo.

Aunque la Fiscalía mantiene bajo reserva las investigaciones, el caso del alcalde de Ixhuatlán del Sureste cobró relevancia luego de que trascendiera que la solicitud de desafuero está relacionada con la investigación por el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán, privada de la libertad el 2 de junio en Nanchital y localizada sin vida días después.

De acuerdo con el expediente enviado al Congreso, un testigo declaró haber escuchado al edil solicitar a un presunto jefe criminal que privara de la libertad a la comunicadora, porque supuestamente poseía una fotografía en la que aparecía portando un arma larga.

En tanto, el alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, también enfrenta un procedimiento para retirarle el fuero, aunque oficialmente no se han dado a conocer los delitos por los que es investigado. Fuentes consultadas señalaron que la indagatoria estaría relacionada con el delito de desaparición forzada.

PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO

Ante este escenario, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, encabezada por Luis Carbonell de la Hoz, difundió un pronunciamiento en el que aseguró que respalda las investigaciones cuando existan delitos, pero exigió que la Fiscalía no sea utilizada para ejercer presión contra actores de oposición.

“Exigimos el cese inmediato de cualquier acto de persecución política contra integrantes de nuestro movimiento o contra cualquier ciudadano que sea presionado por pensar distinto, señalar abusos o defender una causa legítima”, señaló el partido.

Sin mencionar directamente a los dos presidentes municipales, la dirigencia sostuvo que nadie debe estar por encima de la ley, pero advirtió que las investigaciones deben realizarse con apego al debido proceso y sin motivaciones políticas.

“Movimiento Ciudadano lo dice con absoluta claridad: estamos a favor de que cualquier conducta delictiva sea investigada y sancionada conforme a derecho. Nadie debe estar por encima de la ley. Y justo por eso las instituciones del Estado deben servir a la justicia, no a la presión política”, indicó.

Los procedimientos de desafuero fueron promovidos por la Fiscalía a principios de julio y actualmente se encuentran en manos de la Comisión Instructora del Congreso local.

Ambos alcaldes ya fueron notificados y cuentan con un plazo de siete días para presentar su defensa antes de que se programe la audiencia de pruebas y alegatos,

JRG