Veracruz, Ver. - El Congreso del Estado de Veracruz inició formalmente el proceso de revisión para el desafuero del presidente municipal de Úrsulo Galván, el emecista Bertín Bravo Montero, quien se encuentra bajo investigación por la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López.

Según los reportes ministeriales, las víctimas fueron vistas por última vez el pasado 14 de mayo en la localidad de Barra de Chachalacas, perteneciente a Úrsulo Galván.

La investigación sugiere que el edil emanado del partido Movimiento Ciudadano habría convocado al empresario y a su guardia de seguridad a su propio domicilio con el pretexto de presentarlos ante una persona identificada como "jefe de plaza" de un grupo criminal.

Un elemento clave en el caso son las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas, las cuales documentaron la llegada de la camioneta en la que se trasladaban los afectados, pero que nunca registraron su salida, lo que generó sospechas sobre la participación directa del edil en su privación de la libertad.

Simultáneamente, el Congreso revisa el caso del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, señalado por un testigo clave dentro de la investigación relacionada con el secuestro y posterior asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

SE HABRÍA COMUNICADO CON LÍDER CRIMINAL

De acuerdo con la declaración ministerial, existen evidencias de una comunicación directa entre el funcionario y un líder criminal de la región.

El móvil, según el testigo, habría sido la orden del alcalde de privar de la libertad a la comunicadora, quien supuestamente poseía una fotografía que comprometía al funcionario al mostrarlo portando un arma larga.

Ante la gravedad de las acusaciones, el Poder Legislativo de Veracruz notificó a ambos alcaldes, otorgándoles un plazo de siete días para ejercer su derecho de defensa. Los presidentes municipales deberán presentar sus argumentos por escrito o comparecer directamente ante los diputados encargados de integrar los expedientes.

De no lograr desvirtuar los señalamientos, el Congreso podría proseguir con la declaratoria de procedencia y permitir que la Fiscalía General del Estado (FGE) actúe conforme a Derecho para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Cuestionado sobre el caso de los dos alcaldes emecistas, el diputado local Ramón Díaz Ávila, secretario de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, informó que será a mediados de agosto cuando se voten ambos desafueros.

“Porque fue un tema mediático a nivel nacional, lo que pasó en Ixhuatlán del Sureste de una reportera que sustrajeron de su casa y después aparecen sus restos en el municipio de Moloacán, es todo lo que he leído y que está en redes”, aseguró

JRG