Xalapa, Ver.- Veracruz es la entidad con el mayor número de periodistas asesinados en México desde el año 2000, de acuerdo con un recuento de la organización Artículo 19.

De acuerdo con la última actualización, la organización documenta en Veracruz 31 asesinatos de periodistas que podrían estar relacionados con su labor informativa. La cifra coloca a Veracruz por encima del resto de los estados del país.

Además, señala que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa –que encabezó la administración estatal entre 2010 y 2016– fue el periodo más letal para la prensa veracruzana. Entonces se registraron 18 asesinatos de periodistas asesinados, entre ellos el del fotoperiodista Rubén Espinosa.

A nivel nacional, Artículo 19 documenta 176 asesinatos de periodistas y personas comunicadoras desde el año 2000. Los crímenes podrían estar vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión.

El caso más reciente registrado por la organización es el de Carlos Leonardo Ramírez Castro, asesinado el 8 de enero de 2026 en Veracruz.

Por sexenio, la organización contabiliza 48 asesinatos durante el gobierno de Felipe Calderón, 47 durante la administración de Enrique Peña Nieto, 47 en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y nueve en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Artículo 19 explica que para sus registros utiliza una definición amplia de periodista, basada en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y estándares internacionales, que incluyen tanto a trabajadores de medios de comunicación como a personas que difunden información de interés público de manera independiente.

Según la organización, la posible relación de los asesinatos con la labor periodística se determina a partir de investigaciones propias, revisión de información pública, testimonios de familiares, colegas y fuentes locales, aunque advierte que podrían existir más casos no documentados.

Asimismo, reitera que corresponde a las autoridades investigar todos los asesinatos de personas que ejercen actividades periodísticas, independientemente de que exista o no un pronunciamiento previo de organizaciones de la sociedad civil sobre el móvil de los hechos.