Xalapa, Ver.- A un día de que concluya el plazo fijado por el gobierno de Veracruz para aprobar la reestructura de la deuda de la bursatilización municipal, solo 152 ayuntamientos ya remitieron sus actas de cabildo al Congreso del Estado para adherirse al esquema impulsado por la gobernadora Rocío Nahle García.

El plazo vence este lunes 25 de mayo y, aunque hasta el pasado jueves 22 de mayo únicamente se habían recibido 48 aprobaciones, en las últimas horas aumentó considerablemente el número de municipios que respaldaron la propuesta estatal. Para poder aprobarse, deben adherirse 199 ayuntamientos.

La iniciativa busca que el Gobierno del Estado absorba la deuda derivada de la bursatilización contratada desde 2009, durante la administración de Fidel Herrera Beltrán, con el objetivo de liberar las participaciones federales que actualmente son retenidas a los municipios para cubrir esos compromisos financieros.

De acuerdo con el planteamiento oficial, los ayuntamientos pagaron durante años cantidades millonarias en intereses sin disminuir de forma significativa el monto original de la deuda, estimada en alrededor de mil 500 millones de pesos.

La administración estatal sostiene que concretar la reestructura permitiría a los municipios recuperar margen financiero y destinar mayores recursos a obra pública, infraestructura y servicios básicos, especialmente ante el escenario presupuestal previsto para 2026 y 2027.

El proceso enfrenta dificultades técnicas y legales debido a que para concretar el nuevo esquema financiero se requiere el aval de la totalidad de los ayuntamientos involucrados, es decir, los 199 municipios adheridos a la bursatilización.

La intención de modificar este mecanismo no es nueva. Desde el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se planteó la posibilidad de cambiar el manejo de esta deuda; no obstante, el proyecto no se concretó.

Posteriormente, durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez también se impulsó una propuesta para reestructurar la bursatilización municipal, pero nuevamente la falta de consenso entre los gobiernos municipales impidió avanzar en el proceso.

Ahora, el gobierno encabezado por Nahle García retomó el tema con el argumento de cancelar los adeudos históricos y evitar que las participaciones federales de los municipios continúen comprometidas por varios años más.