Xalapa, Ver. - Por tercera ocasión fue aplazada la audiencia inicial en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el delito de peculado, relacionado con el presunto desvío de 5 millones de pesos, debido a que su equipo de defensa no acudió a la diligencia.

Duarte informó al juez que sus abogados, Pablo Campuzano de la Mora y Gerardo Cout Arteaga, no pudieron presentarse porque se encuentran hospitalizados. Por ello, solicitó que la audiencia fuera reagendada para garantizar que cuente con la misma representación legal que ha llevado su caso durante más de una década.

El exmandatario sostuvo que debe prevalecer el derecho a la salud de sus defensores y a una defensa adecuada. Rechazó que se trate de una maniobra para retrasar el proceso y aseguró que no existe un límite de tiempo obligatorio para la celebración de la audiencia inicial.

Durante la sesión, el fiscal Julián Antonio Cobos solicitó al juez Gustavo Aquiles Villaseñor que no se suspendiera la diligencia y que se designara un defensor de oficio. Argumentó que el caso ya ha sido diferido en ocasiones anteriores y consideró que se han empleado tácticas dilatorias para evitar la imputación.

El fiscal señaló además que la abogada Jimena Paola Martínez ha aparecido en otros momentos como parte de la defensa de Duarte, pero tampoco se presentó a esta audiencia, lo que reforzó la petición de asignar representación pública para continuar con el procedimiento.

DIFIEREN AUDIENCIA

El juez determinó diferir la audiencia y fijó como nueva fecha el jueves 12 de febrero a las 09:15 horas. Indicó que, en caso de que la defensa particular no acuda, se nombrará un abogado de oficio para desahogar la etapa inicial del proceso.

Duarte rechazó esa posibilidad y reiteró que prefiere esperar a sus abogados particulares para asegurar, dijo, una defensa completa. Insistió en que la suspensión no debe interpretarse como una estrategia para retrasar la acción de la justicia.

El exgobernador fue detenido en Guatemala en abril de 2017 y está por cumplir una sentencia de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero. Además, la Fiscalía General de la República prevé presentar el 12 de febrero una nueva acusación en su contra por el presunto desvío de subsidios federales destinados a un fondo de apoyo para personas con discapacidad, delito que podría implicar hasta 14 años de prisión y modificar su situación jurídica.

JRG