• Economía

Sofomes embargan pensiones por vacío legal, señala Teresa Carbajal

  • Iraís García
El Barzón alerta sobre embargos a pensiones por Sofomes y promueve una ley para prohibir la retención de apoyos sociales.

Veracruz, Ver. - El embargo de pensiones por parte de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) obedece a la falta de regulación que proteja las pensiones y los apoyos sociales, ya que no han sido consideradas legalmente como inembargables.

Teresa Carbajal Vásquez, representante legal del Barzón de Resistencia Civil, aseguró que cuando un acreditado cae en moratoria, las financieras solicitan la retención de bienes en dinero. Para ello, se envía un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el fin de inmovilizar las cuentas a nombre de la persona deudora.

La representante del Barzón explicó que no se distingue si la cuenta corresponde al depósito de un salario o si se trata de una pensión proveniente de un apoyo social, lo que deja a los beneficiarios en total indefensión.

Indicó que esta práctica es recurrente en las pensiones del Bienestar, aunque también se han documentado casos de pensionados del IMSS y del IPE.

RECIBEN QUEJAS

Tan solo en diciembre del año pasado, el Barzón recibió al menos cinco quejas relacionadas con esta situación. Muchas de las personas afectadas tienen temor a las financieras, incluso de responder llamadas o notificaciones, por lo que optan por llegar a acuerdos.

Carbajal Vásquez explicó que la falta de denuncias, motivada por miedo o vergüenza, impide que el problema se visibilice. A finales de 2024, se registró el caso de una mujer llamada Mirna, a quien le embargaron la totalidad de su pensión. A partir de ese hecho comenzó el impulso para aprobar la llamada Ley Mirna, que busca prohibir a las financieras embargar cuentas destinadas exclusivamente a pensiones o apoyos sociales.

Añadió que algunas financieras operan con falta de transparencia, ofreciendo créditos rápidos, incluso por teléfono, que terminan convirtiéndose en una trampa financiera, ya que los usuarios acaban pagando cantidades desproporcionadas.

El sector más vulnerable ante estas prácticas son los adultos mayores.