Xalapa, Ver.- Personas cercanas al exalcalde perredista de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez, denunciaron que su traslado al penal de Pacho Viejo se realizó de manera irregular, pues se ordenó sin la celebración de una audiencia y sin un debate judicial, pese a que el imputado se encontraba bajo resguardo domiciliario autorizado por una autoridad jurisdiccional.

De acuerdo con los inconformes, la modificación de la medida cautelar se sustentó en un presunto derrame de hidrocarburos ocurrido el 9 de enero en la colonia Plan de Ayala, en el municipio de Tihuatlán, situación que habría provocado la evacuación de la zona y motivado el internamiento del exfuncionario con el argumento de proteger su integridad física.

Este planteamiento quedó asentado en un oficio emitido dentro del proceso penal 115/2024-J, mediante el cual se ordenó el traslado de Goyo Gómez al penal de Pacho Viejo, decisión que, según sus allegados, se adoptó a solicitud de la Fiscalía Octava adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales.

El documento, fechado el 9 de enero de 2026 y firmado por el juez Álvaro Vázquez Campa, señala que la Fiscalía General del Estado (FGE) argumenta carecer de otro domicilio para mantener el resguardo de Goyo Gómez y advierte un riesgo para el imputado y el personal encargado de su custodia, por lo que se impuso la prisión preventiva justificada.

Sin embargo, personas cercanas al exalcalde de Tihuatlán cuestionaron la legalidad de la determinación, al considerar que contraviene lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual exige la celebración de una audiencia para modificar una medida cautelar, especialmente cuando implica el ingreso a un centro penitenciario.

Asimismo, señalaron que hasta el momento del traslado no se había emitido ningún reporte oficial por parte del Gobierno del Estado, Protección Civil o Petróleos Mexicanos que confirmara el presunto derrame de hidrocarburos ni la evacuación de la zona mencionada en el resolutivo judicial.

El auto establece que la medida de internamiento en el penal de Pacho Viejo tendrá una vigencia de seis meses, contados del 7 de septiembre de 2025 al 7 de marzo de 2026, y deja a salvo el derecho del imputado de solicitar en cualquier momento la revisión de la medida cautelar impuesta.