Xalapa, Ver.— El Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) determinará este jueves 12 de junio si el caso de tortura en contra de Diego Fernando Bonilla será reabierto. Él es un hombre indígena ñuhú que habría sido torturado por policías ministeriales para hacer una declaración falsa.

Será un juez de control, adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, quien resolverá la impugnación. Esta fue hecha tras el cierre de las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz el pasado mes de mayo.

“Sin agotar pruebas clave, cerró el caso dejando a Diego como víctima y perpetuando la práctica de la tortura como método de investigación”, se lee en el comunicado del Centro Prodh, una de las tres organizaciones que respaldan al indígena de la zona norte del estado.

Diego, testigo de un crimen

Según el boletín, tras ser testigo de un homicidio en mayo de 2023, Diego Fernando Bonilla fue llevado a declarar ante la FGE de Veracruz. Sin embargo, la víctima fue torturada por policías ministeriales —adscritos a la FGE— para que incriminara a una persona inocente. 

A pesar de que Diego es hablante del idioma de la región otomí, no se tomaron en cuenta sus derechos lingüísticos y culturales durante el proceso. “Su testimonio fue manipulado y traducido sin respetar su lengua ni versión”.

Por estos hechos, el hombre indígena ñuhú denunció la tortura ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por lo cual quedó abierta una investigación. Después de denunciar, el caso se estancó varios meses y no se realizaron avances. 

Las investigaciones por tortura en contra de Diego fueron cerradas el pasado mes de mayo, presuntamente sin agotar todas las pruebas. Esto generó indignación entre las organizaciones de derechos humanos que apoyan al hombre indígena, razón por la que se presentó la impugnación.

Radio Huayacocotla, el Centro Prodh y del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte, que acompañan a Diego, ahora exigen que el Poder Judicial del Estado de Veracruz reabra el caso y ordene una investigación exhaustiva y respetuosa de los derechos humanos. 

Las tres organizaciones consideran que la tortura cometida por parte de elementos adscritos a la FGE de Veracruz en contra del hombre indígena ñuhú como una grave violación de los derechos fundamentales, por ello piden que se haga justicia en este caso.

Además, señalaron que este caso destaca la necesidad de que las autoridades tomen en cuenta la perspectiva intercultural en sus investigaciones y procesos judiciales. Destacaron también la falta de comprensión y respeto por la lengua y la cultura de las personas indígenas.

La decisión del juez de control este 12 de junio será crucial para determinar si se hace justicia en este caso. Las organizaciones esperan que el juez ordene una investigación exhaustiva y respetuosa de los derechos humanos. Además, se busca sancionar a los responsables de la tortura.