Tener un loro o perico en casa sin acreditar su origen legal puede costar hasta 746 mil pesos en multas o derivar en penas de hasta nueve años de prisión. Así lo establece el artículo 420 del Código Penal Federal, que tipifica como delito ambiental la posesión de fauna silvestre sin autorización. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene operativos en mercados, tianguis y terminales para detectar ejemplares ilegales.

La ley prohíbe adquirir aves psitácidas —como loros, pericos o guacamayas— si provienen de vida silvestre nacional. Desde 2008, el artículo 60 Bis 2 de la Ley General de Vida Silvestre impide su aprovechamiento con fines comerciales o de subsistencia. Pese a ello, estas aves siguen siendo vendidas en puntos informales y redes sociales, lo que mantiene activa una cadena de tráfico ilegal.

Para tener legalmente un loro o perico en casa, la Semarnat exige comprobar que fue criado en cautiverio dentro de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA). Además, el ave debe portar un anillo cerrado o microchip, tener factura de procedencia y estar registrada ante Profepa o Semarnat. La ausencia de cualquiera de estos requisitos convierte su posesión en una infracción federal.

El salario mínimo vigente en México para 2025 es de 248.93 pesos diarios. Bajo ese cálculo, una sanción de hasta 3 mil días equivale a 746,790 pesos. Esta cifra puede aumentar si la especie se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 o en CITES, como ocurre con el guacamayo verde.

La Profepa ha reforzado su estrategia con operativos en aeropuertos y centrales camioneras, en coordinación con la Guardia Nacional. La vigilancia forma parte del Programa Permanente contra el Tráfico Ilegal de Vida Silvestre. En 2025, las acciones se intensificaron por el aumento de decomisos durante festividades como el Día del Niño.

Organizaciones como Teyeliz A.C. y la UNAM han documentado que el 77% de las capturas ilegales en el país abastecen el mercado nacional. En México habitan 22 especies de psitácidos; 11 están en peligro de extinción y 7 más figuran como amenazadas.

Si alguien ya posee un ave sin documentos, puede reportarla voluntariamente a Profepa. Venderla, regalarla o mostrarla en redes sociales puede agravar la situación legal. Las autoridades insisten: no compres, no vendas, no encierres. (LV)