Veracruz, Ver.- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa María Alcalde Luján, señaló que, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determina inaplicar la prisión preventiva oficiosa, en Veracruz podrían quedar libres 4 mil 554 presuntos delincuentes.

En el país, hay dos estados que tienen más personas privadas de la libertad bajo esta figura, el Estado de México con 21 mil 718 y Jalisco con 8 mil 342.

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La funcionaria federal afirmó que este número es muy alto debido a la tardanza de los jueces para realizar los procesos y también por el número de amparos que se interponen.

Durante la conferencia matutina, se dijo que en todo el país podrían quedar libres 68 mil presuntos delincuentes, que se encuentran bajo prisión preventiva actualmente.

“Estamos hablando de 11 mil 640 acusados por homicidio, 7 mil 150 acusados de secuestro, 5 mil 617 por violación, 4 mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil por portación de armamento y explosivos”, dijo.

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También hay mil 405 acusados por feminicidio, mil 223 por abuso infantil y 445 por delincuencia organizada a nivel nacional que podrían beneficiarse - de acuerdo con la secretaria- si la SCJN toma esta decisión.

Esto implicaría invalidar el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego de que los jueces deberían de aplicar una resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitida en 2023 que obliga a todo el estado mexicano.

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“La corte atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente como México debe darle cumplimiento, sin que se tome en cuenta otras instituciones”, dijo.

Alcalde Luján afirmó que los procesos jurídicos tardan demasiado tiempo, y esto es una situación que debería ser atendida a la brevedad por el Poder Judicial de la Federación (PJF).

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Aseguró que enviaron una carta a la SCJN, pues la prisión preventiva oficiosa se aplica a personas acusadas de cometer delitos de alto impacto contra la sociedad.

Además de que consideró que ningún organismo internacional o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar la Constitución.