Xalapa, Ver.— En los próximos meses se podrían realizar más revisiones internas en el Poder Judicial del Estado Veracruz, confirmó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez. 

De acuerdo con la magistrada, tras las irregularidades que fueron detectadas en una auditoría que se realizó en los primeros seis meses del 2023, ahora se auditarían los ejercicios de años previos.

La presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz aclaró que no se trata de ninguna “cacería de brujas”, sino de que haya transparencia en el ejercicio de recursos estatales y federales. 

“Se van a generar las auditorías que sean necesarias y eso no implica que no podemos auditar hacia el pasado, la idea es que haya transparencia en el ejercicio de recursos públicos”, indicó.

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre explicó que dadas las irregularidades que encontraron en los primeros seis meses del 2023, por las que hasta ahora se presentaron cuatro denuncias en contra de quienes resulten responsables, se harían más auditorías internas a años anteriores. 

Las cuatro denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía Especializada contra la Corrupción debido a la sustracción de mobiliario, desfalcos, simulaciones de inversión y contratación de presuntas empresas fantasma.

La magistrada aseguró que se presentaron pruebas de faltas administrativas graves, por lo que los responsables son investigados por los delitos de abuso de autoridad, robo específico, peculado y administración fraudulenta por aproximadamente 50 millones 48 mil 701 pesos en cuatro hechos diferentes.

“Nosotros, por nuestra cuenta, vemos todo lo que conlleva la auditoría interna y gestionando todos los resultados para seguir avanzando en el tema de las denuncias, pero vamos avanzando paso a paso”, comentó.

Además, explicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) será la instancia que determine si se halló una falta grave o no en dicho periodo, que ya fue auditado de manera interna.

A lo anterior se suma que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un daño patrimonial en la cuenta pública de 2021 por aproximadamente 82 millones de pesos, de ahí que procedió ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es un tema que nos interesa, que haya transparencia en el ejercicio de los recursos y no es un tema particular del Poder Judicial porque ya hay una injerencia de la ASF”, mencionó.