Xalapa, Ver.— El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, afirmó que agresores podrían competir en Veracruz en las elecciones del 2 de junio debido a vacíos legales en el Registro Nacional de Violentadores.

De acuerdo con el togado, el Registro Nacional de VIolentadores no se encuentra aplicado en la legislación federal, por lo que existe un vacío legal. Tras esto, afirmó que personas consideradas como agresores de mujeres tendrían espacio en las boletas electorales.

"Es un paso, cabe mencionar que la Sala Regional Xalapa fue la primera en implementar el tema de los registros de género, particularmente en el estado y Veracruz fue de los primeros estados en tratar de erradicar este problema a través de este control del Registro. 

Es uno de los elementos que hay que tener en cuenta para una futura reforma electoral, para que no esté en una jurisprudencia sino en la ley”, dijo. 

El registro, que fue un logro para activistas feministas, quienes buscan evitar que personas señaladas de violencia de género participen en los procesos electorales, no podrá ser un factor determinante para evitar que las o los violentadores participen en los comicios del 2 de junio. 

Según Felipe de la Mata Pizaña, la Violencia Política de Género (VPG) es un fenómeno que creció en los últimos años y, para este 2023, no se descarta que muchos asuntos, de los más de 18 mil que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atenderá, estén relacionados con VPG.

Explicó que en la actualidad, la Violencia Política en Razón de Género puede ser un factor para tomarse en cuenta y declarar la invalidez de una elección. En ese sentido, mencionó que el incremento de los casos pudiera ser debido a que las mujeres ocupan espacios de poder a los que antes no tenían acceso.

De la Mata Pizaña también reconoció que el marco legal para sancionar la VPG no está actualizado, por ello se requiere de una nueva reforma, por lo que deben ser temas prioritarios para los legisladores ante el contexto electoral que atraviesa el país. 

“Se tiene que establecer una causal expresa para anular elecciones por VPG. Hoy día el Registro Nacional de Violentadores no se encuentra establecido en la legislación y eso es un vacío”, comentó.