Xalapa, VER.— La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aseguró que Angélica Sánchez Hernández no será reinstalada en su cargo como jueza de control.

La presidenta del PJEV confirmó que el contrato de la jueza Angélica Sánchez venció el pasado 30 de junio y que, como parte de las responsabilidades del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se le pagó puntualmente el salario mínimo. 

Hasta ahora, el Consejo de la Judicatura Federal mantiene una investigación abierta en contra de la jueza Angélica Sánchez por un proceso administrativo, por lo que la presidenta del Poder Judicial indicó que más adelante se darán detalles. 

"En relación al tema laboral ella tiene un procedimiento administrativo sancionador instruido por el Consejo de la Judicatura, en ese procedimiento ella también promovió un amparo y el propio federal, ordenó: páguenle el mínimo vital en cuanto subsista su contrato.

Su contrato feneció el 30 de junio, entonces nosotros cumpliendo cabalmente le pagamos el mínimo vital hasta el 30 de junio, a partir de esa fecha terminó su contrato", dijo.

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre aclaró que pese a que el contrato de la jueza Angélica Sánchez Hernández venció, las investigaciones en su contra continúan abiertas tras su detención por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.

Angélica Sánchez fue detenida por primera vez el pasado 5 de junio, es decir, 25 días antes de que contrato como jueza de control del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) venciera. Posteriormente, fue liberada y reaprehendida el pasado 16 de junio.

Se le acusó de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, sin embargo, la jueza Décimo Quinta de Distrito del Estado de Veracruz anuló el proceso penal en su contra, lo que provocó la molestia de las autoridades de los tres niveles de Veracruz.

La anulación del proceso motivó a una conferencia de prensa en la que participaron el gobernador Cuitláhuac García; la presidenta del Poder Judicial, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Margarita Corro; y la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns.

Juntos denunciaron que los jueces federales actúan de manera perversa para liberar a presuntos delincuentes, a quienes les otorgaron 30 amparos en los últimos 10 días. También se refirieron al caso del exfiscal Jorge Winckler.