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No nos queda tiempo: FGE, sin avances por desfalco a Instituto de Pensiones

  • Alba Alemán
A casi siete años de la denuncia de pensionados, no hay avances ni responsables por desfalco al IPE en Veracruz

Xalapa, Ver.- Integrantes de la coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz A.C. (COPIPEV), exhibieron que ya pasaron casi ocho años desde que presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el desfalco al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), pero que no hay avances.

 “A nosotros no nos queda tiempo”, señaló la presidenta de la asociación de pensionados, Godeleva Rosa Ortiz Viveros, al señalar que temen que el delito prescriba y quede en impunidad. 

“¿Hasta cuándo tenemos que esperar para que sean atendidas nuestras denuncias? ¿Hasta cuándo actuará en consecuencia el Gobierno del Estado? Afirman que no serán tapadera de actuaciones corruptas, ni de simulación”, indicó. 

Ortiz Viveros señaló que aunque reconocen el esfuerzo de la actual presidenta del IPE, Daniela Griego Ceballos, temen que sus pensiones vuelvan a estar en riesgo. 

Cuando acudieron a presentar la denuncia en 2016, presentaron pruebas incluso en colaboración con otras asociaciones de jubilados, pero a casi ochos años – los cuales se cumplen en agosto – no hay avances ni responsables por el desfalco al IPE.

Explicó que el exdirector del IPE, Hilario Barcelata, reconoció en 2017 un adeudo de dos mil 726 millones de pesos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), mientras que el ORFIS detectó un déficit de siete mil 887 millones de pesos. 

“Hemos denunciado públicamente la escandalosa sustracción que gobiernos anteriores hicieron a la reserva técnica y demás recursos inmobiliarios. En consecuencia, hemos procedido legalmente desde el 1 de agosto de 2016 interponiendo junto con otras organizaciones de jubilados contra quienes resulten responsables”, explicó. 

La presidenta de la organización de jubilados explicó que incluso en esa denuncia, presentada en 2016, incluyeron un dictamen pericial contable en el que se evidenció que los recursos del IPE fueron utilizados para fines diferentes al pago de pensiones y prestaciones de ley de los pensionados y jubilados.