Xalapa, Ver.-Por presunto daño patrimonial de las cuentas 2019 y 2020 se podrían imponer más inhabilitaciones, pero ahora contra funcionarios de la actual administración estatal que encabeza el morenista Cuitláhuac García Jiménez.

Esto fue dado a conocer por la titular de Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz, Delia González Cobos quien dio las declaraciones en el Congreso del Estado con sede en la ciudad de Xalapa.

Explicó que no se tiene diferencia entre uno y otro partido “estamos en el trabajo según los expedientes que tengamos” y por lo tanto aseguró que no se descartan más inhabilitaciones y que se actuará con imparcialidad.

Estas sanciones se imponen desde el Tribunal de Justicia Administrativa cuando desde el Orfis se envían los informes de presunta responsabilidad administrativa y será esta instancia la que tomará las determinaciones y proceder en caso de hallar anomalías.

La funcionaria no especificó cuántos casos serían, pues aún continúan con los análisis, pero adelantó que se podría proceder y será a mediados de este mes de marzo cuando se den a conocer más detalles.

Asimismo, dio a conocer que el Órgano de Fiscalización cuenta con un paquete de aproximadamente 40 expedientes de daño patrimonial y por lo tanto se harán las denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El pasado 09 de marzo también informó que 65 exservidores públicos del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares habrían incurrido en anomalías en la Cuenta Pública 2017 por el presunto daño patrimonial que asciende a 852 millones 429 mil 651 pesos.

Esto como parte del proceso administrativo que llevaron a cabo Órganos Internos de Control (OIC) de 29 entes estatales en la entidad veracruzana de acuerdo con el Informe de Seguimiento.

Por estos casos se han presentado 60 denuncias penales contra 13 entes estatales, así como en contra de 47 ayuntamientos y entre las secretarías donde se aplicaron las inhabilitaciones son:  Seguridad Pública (SSP) con tres exsevidores inhabilitados; Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), dos; mientras que en Salud (SS) sólo una.
Todas estas sanciones se mantienen firmes, mientras que las de 2019 y 2020 continúa el proceso de observaciones, declaró Delia González Cobos, quien además agregó que se iniciará la revisión de la Cuenta Pública 2022 y será examinado el ejercicio presupuestal a los 313 entes fiscalizables.

A la brevedad serán emitidas las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior Aplicables a la Cuenta Pública 2022 para definir las ​ que se practicarán.