Xalapa, Veracruz.- Servicios de Salud de Veracruz practicó en 2022 legrados a cinco niñas que abortaron tras ser víctimas de pederastia, técnica que, según Adriana Fuentes Manzo, abogada de la asociación civil Equifonía, no es recomendada y se debió descartar debido al número de semanas de gestación que tenían las menores.

De acuerdo con la activista, aún hay carencias institucionales en el sistema de salud de Veracruz pese a la legalización del aborto hasta las 12 semanas de embarazo. En estos cinco casos, señaló que el personal no aplicó los protocolos como lo marcan los Programas de Aborto Seguro para el Estado de Veracruz. 

Según Adriana Fuentes Manzo, es difícil que las mujeres tomen la decisión de abortar y sobre todo para niñas que fueron abusadas sexualmente, por lo que, afirmó, las instituciones de salud deben garantizar que los servicios que se les otorguen cumplan con los protocolos.

“De los pocos casos que llegamos a registrar donde las niñas y sus familias solicitan la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) que fueron seis casos o, solo ese número en el 2022 y que, de estos seis casos, cinco fueron atendidos bajo la práctica de legrado, una técnica que está contraindicada en su propio programa, que además de riesgosa es incorrecta por el número de semanas que tenían”, manifestó. 

La activista y abogada insistió en que el legrado pone en riesgo la vida de las mujeres y aseveró que existen métodos más seguros como el aborto con medicamentos, o bien, la aspiración manual. 

Adriana Fuentes dijo que, de acuerdo con datos del sistema de información básica en materia de salud, en 2022, 747 niñas de 10 a 14 años fueron madres. La cifra supera por 48 casos a los partos de menores de en 2021.

De acuerdo con Equifonía AC, en estos casos el personal de salud está obligado a dar parte a las procuradurías municipales de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. El personal también debe atender a las niñas menores de 15 años que están embarazadas, para darles información sobre su derecho a la justicia y a la interrupción del embarazo.

En la mayoría de los casos, Equifonia detectó que se restringe o se niega el derecho al libre desarrollo de la personalidad y, por el contrario, se favorece que se prolongue el daño cuando se impone la maternidad a víctimas de violencia sexual.

“Importante informarles sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres y niñas en el marco, pero el gran reto es garantizar su instrumentación con acceso a los servicios. Como sociedad debemos exigir la protección de las niñas y adolescentes veracruzanas podemos hacer la diferencia, aviso a las procuradurías municipales o en las oficinas de la fiscalía general de la justicia en su lugar de residencia”, añadió