Identificado con el priismo y cercano al exalcalde Américo Zúñiga Martínez, Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, es el último eslabón que se opone a la desaparición del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV).

Hasta el momento, es el único de los cuatro magistrados nombrados constitucionalmente para desempeñar tales funciones que no ha renunciado a su encargo, como sí lo hicieron en cascada Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez, Pedro García Montañéz y Luisa Samaniego Ramírez durante este miércoles cuatro y jueves cinco de enero.

El magistrado, ahora incómodo ante la llamada 4T, sería el único beneficiado de llevar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el control constitucional sobre la desaparición del tribunal, anunciada desde octubre pasado y concretada antes de que concluyera el 2022.

Sobre su espalda, carga diversos señalamientos y denuncias por incurrir en presuntas irregularidades como servidor público; pero ni siquiera sus acercamientos con personajes de la administración actual le sirvieron para garantizar su permanencia.

¿QUIÉN ES ALEJANDRO PÉREZ?

Pérez Gutiérrez es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana (UV) y Maestro en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Escuela Libre de Derecho en Puebla, posgrado que cursó de 2005 a 2007. 

Dentro de su experiencia laboral, destaca su puesto de Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Xalapa, precisamente cuando Américo Zúñiga Martínez fungió como presidente municipal, de 2014 a 2017.

También laboró como Director de Servicios Jurídicos del Congreso de Veracruz en el periodo de 2011 a 2013, cargo que un año antes también había ocupado.

Roberto Alejandro Pérez llegó al cargo de Magistrado del TEJAV de la mano de Miguel Ángel Yunes Linares, quien lo nombró como tal en 2017.

Nombrado presidente del Tribunal de 2020 a 2022, logró una reelección unánime del cargo que culminaría en 2024.

A lo largo de su desempeño como impartidor de justicia administrativa ha sido señalado de diversas irregularidades. Tan es así que el 10 de junio de 2021, José Alberto Rojas Espinoza presentó una denuncia de hechos, ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera, en su contra.

La denuncia acusa el probable enriquecimiento ilícito y operaciones de recursos de procedencia ilícita derivada de su actividad como magistrado del TEJAV.

Se criticó que el magistrado presidente mostrara de manera pública que vivía en la opulencia, exhibiendo “viajes, gastos, excesos”; se le acusó además de presuntamente poseer un yate Sea Rey 55 Sundancer, con un costo aproximado en ese entonces de 600 mil dólares (más de 12 millones de pesos).

Diversos columnistas veracruzanos afirmaron una presunta cercanía con el secretario de Gobierno del estado, Patrocinio Cisneros Burgos para lograr su permanencia en el Tribunal a cambio de emitir sentencias favorables al gobierno estatal, para que este no pagara a empresarios y particulares que reclamaban diversos adeudos desde las administraciones de Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares.

CERCANO A MINISTRA DE LA SCJN

De hecho, en octubre de 2021, como presidente del Tribunal, Pérez Gutiérrez tuvo un acercamiento público con Cisneros Burgos y la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, en un evento donde se puso en marcha el juicio en línea del TEJAV.

“Desde Veracruz estamos construyendo una nación que permita la equidad y la igualdad; iguales todos ante la ley, pero también con las mismas oportunidades”, dijo entonces Cisneros.

Y por su parte, Esquivel Mossa dijo que “el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz se ha convertido en una gran institución, que incluso ya es ejemplo a nivel nacional para las juzgadoras y juzgadores en materia administrativa del país”.

Pérez Gutiérrez, quien también fungiera como agente del ministerio público adscrito a la Visitaduría de Derechos Humanos, tuvo igualmente acercamientos con Ricardo Ahued Bardahuil, uno de los morenistas más influyentes de la capital veracruzana.

Con él, firmó un convenio general de colaboración institucional para agilizar y facilitar los procesos legales dentro del ayuntamiento.

Lo anterior, con el fin de implementar el juicio en línea, la notificación electrónica y la oficialía de partes digital.

A la fecha, es el único del que no se han tenido noticias de una dimisión en el cargo.

ys