Xalapa, Ver.- Zigzaguear en su moto sobre Circuito Presidentes, en un presunto intento de esquivar los baches, llevó a Martín a ser detenido por elementos de la Fuerza Civil que lo remitieron al Cuartel de San José, en Xalapa. Al motociclista lo encarcelaron por sospechar que por conducía con temeridad, ebrio y llevar una unidad con reporte de robo.

Era la mañana del domingo 19 de noviembre, cuando el joven transitaba por la avenida, y esquivó unos hoyancos de la calle. Elementos de Fuerza Civil estacionados cerca del lugar “se alertaron” por su forma de conducir y le marcaron el alto. 

En cuestión de minutos, Martin -nombre que se usará para resguardar la identidad del motociclista-, pasó de una revisión de rutina, a ser esposado y acusado de faltas administrativas, además, los dos elementos -que lo superaban en peso y tamaño- lo señalaron de comportarse agresivo. 

Martín, que iba acompañado de su novia, asegura que explicó a los oficiales que la motocicleta era suya y que él solo iba a desayunar con su familia. Pero su explicación no evitó que los policías estatales llamaran una grúa para remolcar su unidad a un corralón.

Al inicio, los policías le marcaron el alto por considerar que conducía con temeridad, delito contenido en el artículo 147 del código penal y que se sanciona con prisión y multa de hasta 138 mil pesos.

Sin embargo, para salir del Cuartel de San José a Martín le pidieron pagar una multa por faltas administrativas que, según el reglamento de bando y buen gobierno, se sanciona con el pago de dos y hasta cinco mil salarios mínimos, es decir de 345 pesos hasta 864 mil pesos.

A Martín le pidieron pagar 10 mil pesos. El sancionado duda si el dinero ingresó a la tesorería porque no le entregaron una papeleta al pagar su multa. Su familia sólo entregó el monto establecido para lograr su liberación el mismo domingo, después de pasar algunas horas en el “tambo”.

Manejar con temeridad, ¿falta administrativa o delito penal?

Abogados consultados por este medio confirmaron que los policías pudieron incurrir en el delito de abuso de autoridad, pues al marcar el alto por manejar con temeridad, tenían la obligación de presentarlo ante el Ministerio Público.

Sin embargo, los oficiales potaron por una falta administrativa, y fijaron un monto excesivo, por lo que no se descarta que se trató solo de una mochada.

Si bien, un policía está facultado para marcar el alto, ya sea por un tema de vialidad o seguridad pública, los elementos de la SSP no están instruidos como fiscal o juez, para determinar si un hecho es constitutivo de un delito.

Es por eso que deben proceder a presentar al detenido ante el jurídico, en el caso del Cuartel San José, o ante un Ministerio Público -en la Fiscalía- para que se conozca si cometió una falta administrativa o un delito penal.

¿Violaron derechos de Martin?

La versión de los policías que dieron en el área jurídica fue que Martín conducía poniendo en riesgo a otras personas, pese a que la circulación de la avenida era mínima y él iba acompañado de una persona, lo que lo obliga a circular relativamente lento.

Solo había dos elementos en la unidad de la Fuerza Civil, y mientras que uno bajó amable a pedir los papeles del motociclista, el conductor de la patrulla, que se presentó como comandante, lo acusó de ir borracho o drogado, expuso Martín a este medio de comunicación. 

Mientras Martín hablaba con los policías, su novia grabó con el celular, lo que molestó a los elementos de la SSP que de inmediato le pusieron las esposas. Además, pidieron el auxilio de una grúa, que en cuestión de segundos ya estaba en el lugar y subió la motocicleta a la planta trasera.

El actuar de las autoridades fue inmediato y, tras esposarlo, lo subieron a la batea de la patrulla para luego llevarlo a la cárcel preventiva en San José.

Cuando la familia de Martín llegó al Cuartel les dijeron que iba a ser remitido al Ministerio Público, ante la Fiscalía, pues había cometido un delito grave -conducir con temeridad- lo que obliga a cárcel y el pago de una multa.

Fue entonces que pidieron el apoyo a Margarita, tía de Martín, quien de inmediato recurrió a un abogado, pues su sobrino no había cometido ningún delito, dicho por su familia, y los policías ya hablaban de remitirlo a la Fiscalía.

Ante la intervención del litigante, el área jurídica de San José confirmó que el tema se trataba solo de una falta administrativa y que bastaba pagar una multa para salir de inmediato. En ese momento les pidieron 10 mil pesos.

“Los que lo detuvieron insistieron que el venía tomado, y así lo manifestaron en el acta que se levantó. En el Cuartel no le realizaron ningún examen médico y solo lo detienen porque intuyen. No es un caso aislado, muchas personas han denunciado la detención arbitraria de parte de los elementos de la SSP (…) es un secreto a voces que ellos operan así”, narra Margarita.

La familia realizó un examen toxicológico en el que se confirmó que Martín no estaba ebrio o drogado y aunque en un inicio pensaron a acudir ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la recomendación fue no actuar, pues conocidos, que han pasado por una situación similar, han sido acosados por los policías. 

La motocicleta se recuperó hasta el martes, pues cayó puente y el corralón estaba cerrado, “cobraron domingo, lunes y martes de 700 por día, y el arrastre de la unidad. Pagó 3 mil pesos para recuperarla”.

¿Qué dice la ley?

Una falta administrativa implica violar el reglamento de Bando y Buen Gobierno de Xalapa que establece -en su artículo 49- que son infracciones al orden público: poner en peligro la integridad física, moral o patrimonial de los habitantes del Municipio.

El 53 define que son infracciones que atentan contra la seguridad de la población: oponerse o resistirse a un mandato legítimo de cualquier autoridad, ya sea federal, estatal o municipal; y en el 56 del reglamento, dicta que son faltas administrativas: desobedecer o tratar de burlar a la autoridad, entre otros.

Si la gente no tiene dinero para pagar la multa, establece la normatividad, la persona señalada deberá pasar hasta 36 horas arrestado en la cárcel preventiva.

Es delito penal, según el artículo 147, cuando alguien en estado de ebriedad, bajo el influjo de alguna droga o en forma temeraria conduzca un vehículo de transporte de pasajeros, turismo o carga, en cualquiera de sus modalidades, incluidos los de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, o de arrastre y cause lesiones.

Se impondrán de seis a quince años de prisión y multa hasta de ochocientas veces el salario (138 mil 296 pesos), además de la suspensión de cinco a diez años del derecho para conducir vehículos de motor.

CEDH emite recomendación un caso similar, SSP no la acepta 

Según la recomendación 27/2022 elementos de la SSP, en la administración del morenista Cuitláhuac García Jiménez y al mando de Hugo Gutiérrez Maldonado, que renunció el mes pasado, incurrieron en uso excesivo de la fuerza y detención arbitraria. Es una situación similar a la de Martín.

Esos hechos se reportaron el 24 de marzo, en Maestros Veracruzanos, donde policías estatales se presentaron al lugar, se había registrado un choque por alcance entre dos unidades. Los dos conductores se habían puesto de acuerdo y cuando el dueño de la moto, que se disponía a retirarse, fue detenido por seis elementos de la SSP.

Según el parte policial, el motociclista estaba alcoholizado y había incurrido en faltas al reglamento de Bando y Buen Gobierno al alterar la tranquilidad y el orden; poner en peligro la integridad física, moral o patrimonial de los xalapeños; y por no observar en sus actos el debido respeto a la dignidad humana, a la moral y a las buenas costumbres.

La versión que se entregó a la CEDH detalla que la persona se resistió al arresto y se puso agresivo. Para salir del Cuartel de San José solo pagó una multa de 300 pesos. La recomendación que se emitió en el mes de mayo no fue aceptada por Gutiérrez Maldonado.

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