El exgobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, estaba de vías de salir libre de forma anticipada del Reclusorio Norte de la Ciudad de México cuando, por una “chicanada” de la Fiscalía General de Veracruz, fue vinculado a proceso al ser relacionado con un caso de presunta desaparición forzada.

Esto lo acusó el exmandatario en entrevista con Radiofórmula, afirmando que cumplía con todos los requisitos para dejar la cárcel mediante una preliberación.

Además, Javier Duarte señaló que la Fiscalía logró la vinculación a proceso con un testimonio del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo “N”, quien ya declaró que fue torturado por la Fiscalía en el periodo de Jorge Winckler para relacionar a su exjefe con desapariciones.

El exgobernador señaló que, durante la audiencia que tuvo una duración de 30 horas, la Fiscalía también presentó una declaración de otro exfuncionario en el mismo sentido, misma que fue desestimada por el juez.

Abundó que esto ocurrió porque la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presidida por Namiko Matzumoto, demostró que dicho dato de prueba fue obtenido mediante actos de tortura de la fiscalía de Winckler Ortiz, actualmente preso por desaparición forzada y privación de la libertad en el penal del Altiplano.

Se trata de la Recomendación 25/2019 en la que se determinó que el exdirector de Servicios Periciales de la Fiscalía General, Gilberto Aguirre Garza, fue víctima de violación a sus derechos humanos durante el proceso iniciado en su contra también por el delito de desaparición forzada.

“Es una chapucería, por decir lo menos, el que traten, mañosa y tramposamente de conducir a la opinión pública diciendo que me vincularon a proceso por el delito de desaparición forzada, que ese sí es un delito de lesa humanidad, es un delito muy grave, es un delito fuerte.

“(…) en la propia audiencia le pregunté exprofesamente a la representante de la Fiscalía General del Estado si se me estaba acusando de haber ordenado, haber participado en la desaparición de persona alguna y la respuesta fue contundente, fue no, no se le acusa de eso”, dijo Javier Duarte en la entrevista.

PRELIBERACIÓN 

De acuerdo con Javier Duarte, estaba por conseguir salir de prisión de forma anticipada, es decir, que no cumpliría con la condena de 9 años de prisión y una multa cercana a los 60 mil pesos cuando se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita hace más de 5 años.

Sin embargo, ya que estaba por comenzar con el procedimiento, la Fiscalía procedió en su contra señalándolo como presunto responsable del delito de desaparición forzada de personas en agravio de la víctima con iniciales D.L.C., consiguiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año y seis meses de investigación complementaria.

“Esto es lo que se conoce coloquialmente como una ‘chicanada judicial’; por qué les apuró hacer la audiencia el pasado miércoles, pues porque este miércoles 23 de noviembre tenía ya mi audiencia para poder acceder a un beneficio preliberacional frente a un juez federal de ejecución penal”, dijo Javier Duarte.

Expuso que, de conformidad como lo establece la Ley nacional de Ejecución Penal, reunía todos los requisitos que la Ley establece para poder acceder a este beneficio.

“Ya cumplí más del 50 por ciento de mi condena; he tenido buena conducta, cumplo con el plan de actividades, pagué ya la multa; en el caso de reparación del daño no existe en mi caso la reparación del daño, es cero; en fin, todos los requisitos que contempla la Ley”, abundó.

El exgobernador aceptó que ahora ya no podrá salir libre de forma anticipada, sin embargo, aseguró que es inevitable que deje la cárcel.

“Ahora con esta vinculación a proceso ya no puedo cumplir con los requisitos porque uno de los requisitos que establece es no estar sujeto a un proceso penal ya sea federal o local que amerite prisión preventiva, en este caso me determinaron la prisión preventiva justificada, ojo, que ese es otro elemento más que te dice que no es desaparición forzada por lo que me vincularon porque si hubiera sido por desaparición forzada hubieran dictado la prisión preventiva oficiosa.

“Aquí fue prisión preventiva justificada lo cual hace que no pueda cumplir con los elementos que establece la Ley nacional de ejecución penal para poder acceder al beneficio y pues con esto ya voy a tener, como ya lo dije, que desistirme de ese beneficio preliberacional”, añadió.

Recordó que ha pasado cinco años y siete meses recluido y aunque se siente bien de salud, asegura que anímicamente “está maltratado”.

NIEGA ORDENAR DESAPARICIÓN 

Javier Duarte aseguró que la Fiscalía no lo acusa de ordenar la desaparición de D.L.C., quien según datos hechos públicos por la propia Fiscalía General de Veracruz difundidos previamente se trata del policía estatal David Lara Cruz, cuyos restos fueron localizados y relacionados con el hallazgo de al menos 13 cuerpos en La Barranca de La Aurora, en Emiliano Zapata.

Por dicha investigación fueron sometidos a proceso el exfiscal general, Luis Ángel Bravo Contreras, así como algunos de sus colaboradores, entre ellos el ex Director General de los Servicios Periciales, Gilberto Aguirre, mediante la presentación de 50 elementos de pruebas en este asunto consistentes en videos, documentos, fotografías y testimonios de peritos y policías ministeriales.

De acuerdo con testigos de la Fiscalía, en dicha barranca elementos de la Secretaría de Seguridad Pública practicaban la acción conocida como “la olímpica”, con consistía en arrojar al desfiladero de esa barranca a víctimas de desaparición forzada.

Ante dichas versiones el 19 de enero de 2016 fueron localizados restos de al menos 19 personas, sin embargo, se presume que por instrucciones de personal de la Fiscalía y del Gobierno de Veracruz, únicamente se reportó el hallazgo de 6 cuerpos y de los 13 cuerpos que ocultaron, uno de ellos fue llevado hasta la localidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado, siendo los restos del policía David Lara Cruz.

De acuerdo con los datos de prueba, el expolicía desapareció el día 12 de enero del 2016, presuntamente después de haber sido privado de su libertad por miembros de la Secretaría de Seguridad Pública al salir de las instalaciones de Evaluación y Control de Confianza de esa Dependencia, conocido popularmente como La Academia de El Lencero.

Además, sobre los restos de las 12 personas restantes se desconocía su identidad y ubicación, luego de que habrían sido entregados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en ese entonces a cargo de Arturo “N”, ex titular de la misma dependencia, quien según el exgobernador es quien lo relacionó con el caso.

Al respecto, en la entrevista Javier Duarte asegura que en su imputación la misma Fiscalía reconoce que él no ordenó ninguna desaparición forzada, pero sí habría entorpecido las investigaciones sobre dicho caso.

Javier Duarte citó el artículo 318 Quinquies del Código Penal estatal, que establece que se equipara al delito de desaparición forzada de persona el omitir entregar a su familia o a la autoridad a una persona, viva o muerta, que haya nacido durante la privación de libertad de una mujer víctima de desaparición forzada de persona y se sancionará conforme a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.

Sin embargo, posiblemente por error, el exgobernador señala que dicho artículo establece expresamente la responsabilidad en una desaparición forzada a terceros.

“Se le impondrán a aquél que, sin haber participado, esa es la parte más importante, sin haber participado en el delito de desaparición forzada, (a quien) haya entorpecido una investigación ministerial.

“Es decir, a mí se me acusa de haber, supuestamente, ordenado al fiscal general del Estado, de aquél entonces, Luis Ángel Bravo Contreras, a entorpecer una investigación ministerial que llevaba a cabo por el descubrimiento del cuerpo de un agente de la policía del Estado, es el tema”.

Reveló que la Fiscalía General del Estado presentó 53 datos de prueba, prácticamente los mismos que ligan a otros exfuncionarios con desapariciones, en los que, según el exmandatario, se le menciona en dos.

TESTIGOS FUERON TORTURADOS 

Javier Duarte insiste en que los testigos de la Fiscalía, Gilberto Aguirre y Arturo “N”, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, fueron torturados para declarar en su contra.

“Uno de ellos, el juez de control en la misma audiencia inicial determinó decretar la nulidad de ese dato de prueba ya que existe una recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Veracruz, en donde después de aplicar una exhaustiva investigación que incluyó el Protocolo de Estambul, concluyó que ese dato de prueba que consistía en el testimonio de Gilberto Aguirre Garza, concluyó que ese testimonio fue obtenido a través de tortura y por lo tanto quedó nulificado”.

Añadió que, por parte de su excolaborador y extitular de la SSP, Arturo “N”, también señaló haber sido torturado.

“Es decir solamente queda un solo dato de prueba en esta causa que sustenta la acusación de la Fiscalía en mi contra y ese único dato de prueba que existe en mi contra son los dichos de quien en su momento fue mi secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien también ya declaró, públicamente que ese testimonio que dio se lo sacaron a través de tortura, que era el modus operandi de la Fiscalía Veracruzana de aquél entonces, tan es así que el fiscal general Jorge Winckler, de aquél entonces, se encuentra precisamente detenido en el penal federal del Altiplano por torturar en esta causa, por lo que te lo digo con toda seguridad, lo único que lograron las autoridades es ganar unos meses .

“Sólo me tomará algún tiempo demostrar este hecho y tumbar esta aberrante mentira en mi contra y pues pasará lo que es inevitable, que espero que más pronto que tarde saldré libre de donde ahora estoy”, vaticinó el exgobernador de Veracruz.

ys