Pese a que el propio gobierno del Estado denunció un supuesto mega fraude en la instalación de las cámaras de videovigilancia pactada entre el gobierno anterior y la empresa COMTELSAT, ahora está a punto de lograr un “perdón” a partir de un acuerdo para concluir la instalación de 6 mil 500 equipos a más tardar en enero o febrero de 2023.

El conflicto incluyó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), puesto que la administración encontró que de las 6 mil 476 que debieron estar funcionando al término del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, solo servían mil 695.

Ahora, el secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado confirmó que llegaron a un acuerdo con la empresa para que el trabajo sea concluido y estén funcionando 6 mil 500 cámaras en toda la entidad.

“No hay inversión extra; lo que pasa es que hubo un acuerdo con la gente que las había instalado, con la empresa y entonces ellos ya se comprometieron”, dijo.

Dicho contrato tuvo un costo de mil 100 millones de pesos.

DENUNCIAS

Las cámaras de videovigilancia que no funcionan arrastran una denuncia ante la FGR interpuesta por los secretarios de Seguridad Pública y de Gobierno, Hugo Gutiérrez Maldonado y Eric Cisneros Burgos, respectivamente.

Dicho procedimiento legal iniciado en abril de 2019 fue interpuesto contra la empresa y quien resultara responsable de los hechos, aunque a la fecha no hay personas procesadas o con alguna declaratoria de responsabilidad.

Igualmente, en el informe de la cuenta pública 2018, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) detectó que el equipo e instalaciones para poner en operación el sistema “no cumplen con los requisitos señalados en el anexo técnico del contrato”.

El órgano detectó una obra de mala calidad, con deficiencias técnicas y operando parcialmente. 

“Hay un incumplimiento en las especificaciones generales y particulares establecidas en la adquisición, suministro, electrificación e instalación y puesta en operación de sistemas de circuito cerrado de televisión”, dice la auditoría, por lo cual el Orfis diagnosticó un daño a la hacienda pública por mil 44 millones 523 mil 721 pesos.

De la misma forma, la Auditoría Superior de la Federación detectó el mal uso de recursos públicos federales invertidos en las cámaras sin funcionar.

Por los hechos, el Secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco informó que la dependencia a su cargo inició procesos legales y administrativos para sancionar la presunta malversación de 350 millones de pesos.

De todos los procesos legales iniciados, a la fecha no hay ningún servidor o exservidor público sancionado.

ch