Desde este viernes 26 de febrero circuló el dictamen de la comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la 66 Legislatura por el que se reforma el código penal. Solo se ajustan las causales con las que se aumenta la penalidad del polémico delito de ultrajes a la autoridad; diputados buscan mantenerlo vigente. 

Este domingo sesionará el pleno del Congreso de Veracruz para votar entre otros temas el acuerdo que emitió el grupo de diputados, que tiene como objetivo “cumplir” con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que pidió al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez derogar el polémico delito, sin embargo, se incumplió con la petición.

De acuerdo con el dictamen que se hizo circular a diputados locales, la comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la 66 mantendrán el delito de ultrajes a la autoridad, solo buscan derogar dos fracciones que eran “ambiguas”.

Este viernes se dio entrada a una propuesta del diputado de Morena, Antonio Luna Rosales que pedía quitar del código las fracciones II y IV que establecen que se agravaría la penalidad cuando el ultraje se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima; y que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.

No obstante, se mantendrá la penalidad de cárcel si se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; y que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito.

El delito se castiga de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Y se agravará, de cinco a siete años de prisión, cuando se actualicen las anteriores causales.

El 31 de enero, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez remitió un documento en el que atendió la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el que pidió derogar el delito del código penal.
 

En la exposición de motivos se dio a conocer que, desde el 21 de diciembre del 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, derivado del expediente CNDH/2021/10689/Q emitió la recomendación 146/2021, en el que le pidió:.

Proponer, a la brevedad, la derogación del numeral 331 del código penal para el estado, a fin de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos, en beneficio de la población en general residente o que transita en la jurisdicción de esta entidad federativa, a través del Poder Legislativo.

Sin embargo, esa propuesta no fue tomada en cuenta, así como otras dos que se habían presentado el diputado Ramón Díaz Ávila y Jaime de la Garza. Los integrantes de la comisión Justicia Luis Fernando Cervantes Cruz y Rosalinda Galindo firmaron el acuerdo, no así el diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín.

La iniciativa de Luna Rosales establecía en los artículos transitorios que las personas procesadas por el delito o que habían sido vinculadas a proceso no podrán salir de la cárcel, sin embargo, eso se retiró del acuerdo final.