Xalapa, Ver.- A la par que el pleno de Poder Judicial de Veracruz  le dio seguimiento al juicio político que se inició desde la 65 legislatura, para destituir e inhabilitar a la magistrada Sofía Martínez Huerta, se le inició un proceso administrativo por "faltista".

La versión pública del proceso administrativo, o plan B contra la magistrada, también se emitió el 16 de abril, fecha en la que los integrantes del Pleno del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) decidieron -por unanimidad- destituirla e inhabilitarla por cinco años.

La actual administración se ha caracterizado por iniciar de dos a tres procesos legales contra políticos de oposición o aliados que se volvieron incómodos, denunció el PRD, ante los procesos que tiene abiertos y encarcelados a algunos de sus militantes.  Sofía Martínez no fue la excepción, pues si el Pleno no ratificaba su inhabilitación por usurpar funciones, procedería la sanción por faltar más de 100 días.

En medio de la pandemia, la magistrada presentó una serie de justificantes médicos para ausentarse “por razones médicas” de la visitaduría que se le asignó después de que sus homólogos le quitaron la presidencia, en octubre del 2020.

La académica de la Universidad Veracruzana (UV) fue sancionada, por el órgano interno de control del PJEV, por dos años seis meses, periodo en el que no podrá ejercer ninguna función administrativa, luego de que fue nombrada por un periodo de 10 años.

Sofia Martínez fue inhabilitada del Poder Judicial por no subordinarse al ejecutivo, denunció públicamente en octubre del 2020 -cuando fue removida como presidenta del TSJE- y se inició el proceso legal para retirar el nombramiento de magistrada que había logrado un año antes.

El documento, que fue emitido el 16 abril y se habría iniciado el 21 de enero del 2021, establece que el Pleno del Poder Judicial determinó que Martínez Huerta, postulada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, incurría en omisiones que afectan la legalidad, parcialidad, y eficiencia de los servidores públicos. 

El proceso sancionador se inició en el mes de enero del año pasado, cuando en la sesión extraordinaria de los magistrados se incluyó en el orden del día un comunicado que detallaba que la magistrada había dado avisos de ausencia y recetas médicas, que podrían actualizar el supuesto de responsabilidad administrativa, lo anterior, porque no justificó debidamente sus faltas.

El proceso se inició de oficio, luego de que personal buscó a la magistrada en su oficina en la visitaduría que se le asignó desde el 15 y hasta el 23 de febrero, sin lograr ubicarla.

Según el artículo 164 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que rige la vida interna de esa soberanía, establece que ningún funcionario se puede ausentar por un periodo mayor a 10 días.

Y, en todo caso, tendrá que solicitar licencia, de lo contrario, se hará acreedor a una responsabilidad administrativa. La licencia no se podrá solicitar nuevamente en tanto no transcurra un periodo de seis meses.

Cuando el periodo del permiso supera los 10 días y hasta 4 meses, será el Congreso local el que debe conocer y autorizar el permiso.

Sin embargo, Martínez Huerta presentó en total 13 justificantes que incluían incapacidades o comunicados de ausencia por 100 días que van desde el 26 de noviembre del 2020 al 27 de abril del 2021, “por asuntos personales de salud urgentes”. 

En un par de ocasiones olvidó enviar justificantes y pidió el descuento del día, además, de que en otras ocasiones se incluían días que no eran hábiles ya sea por periodo vacacional, o porque se suspendían labores a consecuencia de la pandemia por el virus SARS CoV-2. En todos los casos presentó recetas de médicos particulares, a pesar de contar con seguridad social.

No obstante, que la magistrada justificó la ausencia de un periodo de 100 días, desde el 26 de octubre, fecha en la que fue revocada la presidencia del TSJE, se ausentó de sus labores en el Poder Judicial.

A pesar de que la Secretaría de Salud Federal pidió resguardar a personas mayores de edad con alguna enfermedad crónica-degenerativa, el Pleno del TSJE asegura que la magistrada jamás demostró con un justificante del IMSS que tenía algún padecimiento que la hacía vulnerable al virus SARS CoV-2 y jamás acreditó como es que se llegó al diagnóstico de su padecimiento.

El otro argumento de los integrantes del Pleno fue en el sentido de que aun y cuando Sofía Martínez estuviera en posibilidad de resguardarse en su casa, por su edad y su padecimiento médico, debía realizar home office, pero no lo realizó actividad alguna para justificar 100 mil 621 pesos de salario bruto, además, una compensación de 51 mil 142 pesos.

Los magistrados del pleno, entre ellos los representantes del poder Legislativo y Ejecutivo, determinaron que había elementos para sancionar a la togada por un periodo de dos años y seis meses. 

La destitución e inhabilitación, la primera sanción 

Ese mismo día, por unanimidad, integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJE) determinaron destituir e inhabilitar a la magistrada Sofía Martínez Huerta. La acusaron de usurpación de funciones.

La magistrada que llegó apoyada por el partido en el poder fue nombrada en octubre del 2019, para diciembre de ese mismo año fue nombrada presidenta del Poder Judicial, con el aval del partido en el gobierno.

La Sala Constitucional, que deliberó por más de cinco horas, presentó pruebas y alegatos para justificar el acuerdo que llevará a Martínez Huerta a ser inhabilitada por un lustro.

Sofía Martínez Huerta, que llegó a la magistratura tras ser postulada por Cuitláhuac García Jiménez, fue destituida por funcionarios morenistas, ante su negativa de subordinar al Poder Judicial al Ejecutivo, según lo denunció en una entrevista a un medio nacional.

A raíz de que fue nombrada presidenta, la primera mujer en la historia del Poder Judicial, barras y colegios de abogados advirtieron que con su inexperiencia se colapsaría el TSJE y avizoraron una crisis de justicia en Veracruz.