De acuerdo con la justicia federal, el juez de control de Pacho Viejo Gregorio Esteban Noriega Velasco violentó el debido proceso de la excomisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli García.

El juez primero de distrito revisó las grabaciones de la audiencia en la que determinó vincular a proceso a la excomisionada y la autoridad federal encontró que Noriega Velasco no se apegó al principio de oralidad que rige el nuevo sistema penal acusatorio, ya que “la resolución reclamada fue leída en su integridad de la pantalla de una computadora portátil”.

Yolli García, quien acusó ante el Senado de la República ser presa política del Gobierno veracruzano, consiguió el amparo de la autoridad jurisdiccional federal en agosto de 2021, mismo que fue corroborado por el Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Séptimo Circuito en Veracruz el 04 de enero de este 2022.

De esta manera, la exfuncionaria podría quedar en libertad, pues Gregorio Esteban Noriega Velasco deberá reponer la audiencia inicial y puntualizar su presunta participación en los delitos de ejercicio indebido del servicio público; abuso de autoridad y coalición.

La comisionada, acusada de diversos actos de corrupción como realizar viajes al extranjero utilizando recursos del instituto, está sujeta al proceso 101/2020 debido a una serie de nombramientos que realizó antes de dejar el cargo, pero sin contar con la atribución para hacerlo.

Sin embargo, tras conseguir el amparo se ordenó dejar insubsistente la parte conducente de la audiencia inicial en la que emitió el auto de vinculación a proceso el primero de abril de 2020, misma que se deberá de reponer.

El juez primero de distrito ordenó a Noriega Velasco señalar cuál es la conducta u omisión que en particular se le imputa a la quejosa, “con la cual se establece cada uno de los hechos delictivos imputados”.

El amparo añade que el juez de control deberá precisar cuál fue la participación de Yolli García en la comisión de cada uno de los delitos referidos: máxime que en el caso del delito de coalición el tipo penal exige la participación de varios servidores públicos”.

El juez federal fue contundente al exhibir la actuación de Noriega Velasco, exponiendo que su fallo se realizó “de manera genérica”, concluyendo que se vulneró la oralidad en el proceso penal acusatorio de Yolli García.

“Como se dijo, es una violación al debido proceso, que transciende al resultado del fallo, dado que puede afectar la defensa de la quejosa, pues el juez de control, al resolver sobre el auto de vinculación a proceso, debe valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social (Fiscalía) y, con base en ello, emitir su determinación pronunciándose sobre cada uno de los elementos planteados por las partes”.

Concretamente, la Fiscalía Anticorrupción actuó en contra de la excomisionada luego de que en su calidad de comisionada presidenta del IVAI, en sesión extraordinaria del 8 de marzo de 2019, determinó junto con los restantes comisionados la discusión y aprobación respecto del ajuste en la distribución del presupuesto autorizado para el ejercicio 2019 y la designación de los servidores públicos que integrarían las áreas del Órgano Interno del Control, nombramientos que en realidad son facultad del titular del Órgano Interno de Control.

En dicha sesión se designó al responsable de la Subdirección de Quejas, Denuncias e Investigación; así como de la Subdirección de Normatividad, Auditoría y Control; y, al responsable de la Subdirección de Responsabilidades Administrativas y Substanciación, lo que llevó a la Fiscalía Anticorrupción entonces a cargo de José Alfredo Corona Lizárraga solicitar su orden de aprehensión el 26 de marzo de 2020.