La Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo reconoció que no es Contadora, sin embargo, dijo, está al pendiente de que las dependencias estatales no incurran en subejercicio.
 
También les envían “oficios” para que en caso de ser necesario puedan reintegrar el recurso que no gastan a la Tesorería federal (Tesofe).

 
En su comparecencia ante diputados locales, la encargada de observar el correcto manejo de los recursos públicos, aseguró que los órganos internos de control son los primeros que deben estar atentos a lo que se hace en las dependencias.
 
Evitó confirmar si se han iniciado procesos administrativos contra funcionarios por incurrir en subejercicio, sin embargo, se comprometió a enviar los datos.

“No soy contadora, pero si me fijo que todo vaya como debe ser, y les recordamos a los entes para que ellos cumplan, les mandamos oficios recordándoles de ya va a ser 31 de marzo para hacer los reintegros”, argumentó.
 
También justificó que constructoras, veterinarias o empresas dedicadas a la venta de insumos de computación venden medicamentos e insumos médicos a la Secretaría de Salud de Veracruz, pues -afirmó- estaba dentro de su actividad comercial, según sus actas constitutivas.

 “Me comentan el órgano interno de control, que cumplen, que está bien. Dentro de las actas de las empresas están los rubros o giros y están integrados, y si hubiera un problema, todo es perfectible”.

 
Al referirse al actuar Roberto Ramos Alor, titular de Sesver, que fue señalado de violencia política de género, pidió a los legisladores presentar una queja para investigar el caso.
 
Y es que, en su comparecencia, el funcionario dijo que los ciudadanos están hartos de diputadas “totalmente palacio”, que “antes muertas que sencillas” en clara alusión a la diputada Anilú Ingram Vallines.
 
Al respecto, la funcionaria argumentó: “No estoy enterada de esta conducta, no podría hacer algún comentario, porque desconozco, si existiera algo (queja), con apego a la ley, se llevaría a cabo (una investigación)”.
 
En otro tema, minimizó las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), que determinó que la contratación de médicos cubanos no se dio en el marco de la ley.
 
Pidió a los diputados revisar la ley, pues aseguró, las contrataciones se hicieron en el marco de la normatividad, por lo que estaban en posibilidad de pagar 40 millones de pesos por el servicio prestado por médicos cubanos para atender la pandemia por el covid.
 
Al hablar sobre acoso y hostigamiento laboral y sexual al interior de las dependencias estatales, dijo que para resolver un caso, ella ofreció pagar con su salario el tratamiento psicológico, y el reacomodo en su dependencia a una trabajadora de la Secretaría de Gobierno.
 
“Me llegó el caso de una persona que me buscaba (…) agotó las instancias, era lo que ella presumía o lo que ella comentaba, y precisamente por ser mujer y titular de una dependencia la atendí personalmente. La escuché y llevé el debido procedimiento.
 
“Y fue tomando otros caminos, porque cada que se iba a resolver se integraban más pruebas de parte de la persona. Y con la sensibilidad como mujer ofrecí de mis recursos pagarle a algún especialista, porque me sentí afectada”.

La funcionaria planteó oportuno que todos los trabajadores y secretarios de despacho lean los protocolos de prevención de violencia de género, acoso y hostigamiento, pues en algunas ocasiones por el simple hecho de que ven feos a los burócratas se cree que es algo malo.

 
“Hay que concientizar a mujeres y hombres lo que debe ser y no debe ser. Porque cuando no sabemos es que me vio feo y me está acosando, pudiera ser o no, por eso veamos los protocolos, para conocer los límites”.