El delito de ultrajes a la autoridad se utiliza para que personas inocentes sean privadas de su libertad por autoridades judiciales en Veracruz, sin hacer nada ante desproporcionadas e injustas medidas de jueces, como la prisión preventiva oficiosa, denunció el senador Ricardo Monreal Ávila.

Pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) así como al Poder Judicial frenar las violaciones a los derechos de los ciudadanos.

El 11 de marzo de 2021 cobró vigencia la reforma al Código Penal de Veracruz, que tipifica el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, por el que se puede sancionar a un ciudadano con penas que van de cinco a siete años.

Si bien el delito de ultrajes ya era vigente, se incrementaron las penas y las multas contra quien amenace o agreda a un servidor público -policías estatales, municipales y ministeriales, en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

La sanción aplica si la agresión se da en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, y se agrava cuando se hace uso de un arma, o de la fuerza o destreza del agresor.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, lo mismo que algunos diputados locales, justificaron los cambios a la ley con el argumento que se buscaba garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos.

“Yo estuve en protestas pacíficas, sin violentar, aunque sí hubo represión, nosotros nunca hemos reprimido; lo que hicimos (con la reforma) fue para evitar que los agresores de la ley se salieran por la tangente”, comentó en conferencia de prensa.

El senador de Morena, Ricardo Monreal afirmó que en las democracias modernas no pueden permitir que se violen derechos humanos de manera sistemática ni aislada de los ciudadanos y ciudadanas.

Lamentablemente está ocurriendo en algunos lugares del país, el poder judicial es omiso para reparar esas injusticias, acusó en un video que difundió en redes sociales como parte de su participación editorial en el periódico Milenio.

Hacemos un llamado al Poder Judicial del Estado de Veracruz, para que se detenga la violación a los derechos humanos de personas inocentes, acusadas del innovador delito de “ultrajes a la autoridad”, el cual implica prisión oficiosa. Desproporcionadas e injustificadas acciones. pic.twitter.com/vQmWmhQ9cz

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 20, 2021

En el caso de Veracruz, a últimas fechas, resulta extraño que un nuevo delito este de moda, precisamente un delito que tiene que ver con ultrajes a la autoridad, se han integrado carpetas de investigación a través de la cual se ha privado de la libertad a ciudadanos y ciudadanas

Expuso que en el caso de la carpeta de investigación UIPJDXI/F10/4673/2021, del proceso penal 271/2021, seis jóvenes que se encontraban en una plaza pública fueron privados de su libertad desde hace tres meses, a pesar de que no se resistieron a la detención de parte de las autoridades de seguridad.

“Está demostrado que estos jóvenes estaban en una plaza comercial, los detuvieron, no opusieron resistencia y a unas horas se dijo que habían agredido a oficiales y policías, lo que era falso, sin embargo, seis jóvenes tienen tres meses privados de su libertad, sin que el juez de control haga algo por su liberación, a pesar de las pruebas que existen”

Planteó que no se puede aceptar que se sigan fabricando delitos, por lo que hizo un llamado al Poder Judicial del Estado de Veracruz, para que se detenga la violación a los derechos humanos de personas inocentes, acusadas del innovador delito de “ultrajes a la autoridad”, el cual implica prisión oficiosa.

También exigió la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CEDH) para que se promueva alguna acción legal para echar abajo la reforma al código penal en Veracruz.

Desde el año 2016 se declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, por lo que la reforma fue impugnada por diputados de oposición y por grupos defensores de derechos humanos.

Casos polémicos en Veracruz

1.- El 16 de marzo, utilizando el mismo tipo penal de ultrajes a la autoridad, la policía estatal detuvo al líder de los dueños de centros de verificación vehicular en el estado, Eduardo Mario Casares Sort de Sans, mientras encabezaba una protesta en la Secretaría de Medio Ambiente.

El empresario es una de las voces más críticas por la más reciente modificación a la ley que permite a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) cobrar el servicio de verificación de emisión de gases a los automóviles, lo que lo convirtió un nuevo impuesto estatal.

El empresario se encontraba afuera de las instalaciones de la dependencia y fue rodeado de policías que lo detuvieron sin que el realizar alguna acción contraria a la ley. Fue liberado con el argumento que por su edad no podía permanecer en la cárcel, sin embargo, se le siguió la investigación por el delito de ultrajes a la autoridad.

2.- César Julián Herrera, de 39 años, fue privado de la libertad por policías de la Fuerza Civil de Veracruz y elementos ministeriales la tarde del seis de agosto. Lo anterior ocurrió en el fraccionamiento La Gachupina, del municipio de Coatepec.

El viernes seis de agosto, Julián Herrera se comunicó con su esposa para avisarle que había una balacera en el edificio donde tiene su oficina. Él le pidió que llamara a la policía y ella lo hizo. Su reporte al 911 quedó registrado a las 17:02 horas, y minutos más tarde llegó la policía.

Familiares de César acudieron a su oficina más tarde, pero él no estaba. Además, los muebles del lugar y aparatos electrónicos estaban desordenados. Durante varias horas no hubo información en el registro nacional de detenciones; después se le acusó de delito de ultraje a la autoridad.