Autoridades policiacas de Veracruz detuvieron a los abogados del diputado oaxaqueño Gustavo Díaz, conocido como 'el gato', detenido también desde el pasado 4 de noviembre.

Víctor N y José Ramón N, ambos defensores del legislador fueron aprehendidos por ultrajes a la autoridad y portación de armas de fuego, así como portación de estupefacientes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, la detención se dio derivado de un reporte sobre una persona presuntamente armada a bordo de un vehículo en la localidad de Pacho Viejo en Coatepec.

Las autoridades informaron que, tras el reporte, los elementos implementaron una búsqueda de la unidad, la cual fue detectada en la localidad La Laguna y “al marcarle el alto, el conductor hizo caso omiso y disparó contra los oficiales, con lo cual se inició una persecución y, finalmente, la detención del agresor y su acompañante”.

Cabe mencionar que, durante la detención, la SSP informó que Víctor Alfonso “N” también atacó con una navaja a uno de los oficiales. Aunque el boletín de la SSP no lo menciona, la detención se habría registrado el domingo 07 de noviembre por la tarde.

En la revisión le fueron asegurados 40 bolsitas de marihuana, 36 bolsas con droga cristal, una navaja, un arma de fuego corta, la unidad vehicular y tres casquillos percutidos.

Cabe recordar que el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Oaxaca, fue detenido en el municipio de Fortín presuntamente por portación ilegal de armas de fuego.

La detención se llevó a cabo el pasado jueves, cuando el legislador ingresó a las instalaciones de la Delegación de Fuerza Civil para investigar sobre la supuesta desaparición de su hijo, quien fue presuntamente detenido por miembros policiacos de Fortín.

Al respecto, sus compañeros de partido solicitaron a las autoridades de Veracruz aclarar lo que llamaron una “abrupta detención”.

A través de un comunicado, el diputado Arsenio Mejía, presidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura, exigió la liberación de Gustavo Díaz, al señalar que la detención de un legislador implica la previa existencia de una orden judicial o la comisión de un delito de gravedad en ese preciso momento, lo cual ninguna de las dos opciones pareció cumplirse en el caso.