Servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) son sujetos de investigación por los órganos internos de control, tras revelarse a través de auditorías que contrataron empresas sin experiencia para el desarrollo de diversos servicios; adicionalmente, se les indaga también por subejercicio de recursos que debían ser para seguridad.

Ello, con respecto al ejercicio fiscal 2020, donde se asignaron contratos para adquirir mobiliario y equipo de oficina; material eléctrico; reparación y mantenimiento de maquinaria; calzado; uniformes y ropa.

Como parte de la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gasto que se realizó en Veracruz del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), igualmente se solicitó aclarar la puesta a disposición de municiones y armamento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por 14 millones 900 mil 675.16 pesos en ese ejercicio.

La ASF presentó los resultados de la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño 2020-A-30000-21-1424-2021 en donde también se reporta el subejercicio que ronda los 1.7 millones de pesos.

A detalle, se indica que de los 255 millones 850.3 miles de pesos que le fueron transferidos a Veracruz en ese año por el FASP, según la ASF, se comprometieron 254 millones 284.8 miles de pesos, de ahí que se reintegraron a la Tesorería de la Federación un millón 565.5 miles de pesos, “que representan el 0.6% de los recursos transferidos”, más otro monto por casi 178 mil pesos.

Por esta razón, ante el subejercicio de los recursos, los órganos internos de Control en la FGE y SSP, así como en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), iniciaron los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.

IRREGULARIDADES EN CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS

En el informe de auditoría, se fiscalizaron 27 procesos por adjudicación, de los cuales 2 fueron por licitación pública estatal, 10 por licitación simplificada y 15 por adjudicación directa.

Si bien se indica que en casi todos se cumplió con la Ley, lo cierto es que la auditoría a la cotización IDCAM-CC-GOB-233/2020 relativa a la adquisición de armamento y municiones, se detalla que la FGE no presentó el Convenio Interinstitucional con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); asimismo, se presentaron irregularidades en la adjudicación de algunos procesos.

A ello se agrega que aunque los proveedores reportaban contar con la capacidad profesional, técnica, económica y administrativa para dar sus servicios, se comprobó que acababan de iniciar operaciones.

Igualmente, respecto al contrato AD 072/2020 se reporta que, en la revisión de la Constancia de Situación Fiscal de fecha 08 de diciembre de 2020, se encontró con que el proveedor inició operaciones el 13 de noviembre de 2020, es decir, un mes antes de la contratación.

“En la Declaración Provisional presentada al Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente al mes de noviembre 2020 se encontró que fue presentada en ceros, toda vez que el proveedor recientemente se había dado de alta ante el SAT y en el Acta Constitutiva del proveedor adjudicado refleja un capital social por 30.0 miles de pesos al momento de su constitución, por lo que se presume que el proveedor no contaba con la capacidad profesional, técnica, económica y administrativa necesaria para cumplir con los compromisos al momento de su contratación”, advierte la auditoría.

Otro contrato, el SSP-UA-092-2020 para la adquisición de vestuario y uniformes presenta irregularidades similares; además, en 5 casos se observó mediante las Constancias de Situación Fiscal que los proveedores hicieron cambios en sus actividades económicas, “lo que impidió verificar la experiencia en la actividad para la cual participaron”.

“Los órganos internos de control en la Fiscalía General y en la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, iniciaron los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes núms. CG/UI/433/2021 y OICSSP/DRA/042/2021”.

En este sentido, la ASF también pidió aclarar la puesta a disposición de municiones y armamento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por 14 millones 900 mil 675.16 pesos.

Por otro lado, la ASF también evidenció que en 2020 la SEFIPLAN abrió una cuenta bancaria productiva en la cual se depositaron las aportaciones estatales por 129 millones 725 mil pesos; sin embargo, dichas ministraciones no se realizaron de manera proporcional a las 10 ministraciones realizadas por la TESOFE, ni dentro de los 20 días hábiles contados a partir de la recepción de los recursos federales, por lo que fue abierto el expediente CG-OIC-SEFIPLAN-INV-21-2021.