La tarde de este viernes se dio a conocer que se giró una orden de aprehensión en contra de la conductora Inés Gómez Mont y su marido Víctor Manuel Álvarez Puga por delitos de peculado.

A la pareja también se le acusa de delincuencia organizada y delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Gómez Mont ya había evitado en años pasados un juicio por evasión fiscal tras pagar 10 millones 967 mil pesos a Hacienda por contribuciones omitidas.

Por su parte, Víctor Álvarez es amigo íntimo del abogado Juan Collado, quien está detenido desde julio de 2019 por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El acuerdo se celebró el 30 de noviembre de 2018, Inés pagó 10 millones 967 mil 907 pesos por concepto de contribuciones federales omitidas. Fue el 16 de enero de 2019, cuando el agente del Ministerio Público Federal encargado de la integración de la carpeta de investigación determinó que el daño sufrido por la hacienda pública no fue cubierto en su totalidad.

En febrero de 2020, se informó que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la Seido, inició la investigación en contra de Inés porque en el ejercicio fiscal de 2016, la conductora obtuvo ingresos superiores a los que dio a conocer en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Inés Gómez-Mont solicitó, el 27 de noviembre de 2018, la intervención del Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la PGR para lograr un acuerdo reparatorio con el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

También faltaban por cubrir 2 millones 604 mil 537 pesos más y no se aprobó el acuerdo. La conductora pagó el dinero restante, pero el director de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la SHCP envió un oficio el 12 de junio de 2019.

En éste hizo saber que la Unidad Administrativa de la dirección que preside era la única facultada para pronunciarse respecto del perdón o del desistimiento de la acción penal. Por esta razón, el 20 de junio, el MPF determinó que no era procedente el acuerdo. La defensa de la conductora pidió que no se ejerciera acción penal.

El 14 de agosto el MPF señaló que no era procedente la petición. Gómez-Mont interpuso una demanda de garantías y el 30 de octubre la juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Patricia Marcela Diez, ordenó a la FGR entregar copia de la denuncia para tener elementos y saber si concede o no la protección de la justicia.

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