• Seguridad

Video mostraría a otra mujer que no es July en homicidio de rectora

  • Carlos Caiceros
FGE presentó como prueba contra July “N” un video en donde aparece una mujer que no tiene tatuajes como la ahora detenida

Familiares de July “N”, quien está acusada de participar en el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez Aguilar, afirmaron que en los videos que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó como pruebas aparece otra mujer que no es su hija.


Este dos de septiembre se llevará a cabo la audiencia intermedia respecto al feminicidio de la académica, cometido el 29 de junio de 2020. Familiares y abogados de July “N” coinciden que diversas pruebas de la FGE deben ser excluidas por haber sido obtenidas de manera ilegal.


La madre de la detenida, Etelvina Garfias, acusó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no quiso indagar el caso de presunta tortura de la que fue víctima July “N”, y en el caso de la Fiscalía especializada en esos casos, no ha sido recibida.


"Cuando se denunció a mí me tocó ver que entró Fiscalía de la Mujer y ya después estuve yendo a platicar con la licenciada y ya no tuve respuesta de nada. Entonces este día nada más espero que haya cosas favorables porque mi hija es inocente y lo voy a decir siempre", dijo la mujer entre lágrimas. 


Agregó que su hija se encontraba en la Ciudad de México cuando ocurrieron los hechos, además que los tatuajes de su hija en los brazos no coinciden con la persona que la FGE presenta como responsable del asesinato de Guadalupe Martínez. 


"Mi hija es inocente y cualquier madre que tenga hijos sabe del dolor que está pasando mi hija aquí y yo ya quiero que me la devuelvan. Es un infierno".


Al respecto, Melissa Zamora, abogada del centro ProDH, señaló que el reconocimiento a las fotografías de July “N” que se realizó a través de capturas obtenidas en un video donde se ve a una mujer en una tienda de conveniencia, no corresponde a la identidad de la detenida y vinculada a proceso.


“Dentro de la diligencia participaron los propios fiscales que han llevado la investigación y eso es incorrecto, eso da a entender que las personas que realizaron los reconocimientos pueden estar inducidos por el propio personal de la Fiscalía", dijo.


Agregó que los videos con los que tratan de relacionar a July en la investigación, son videos donde la persona que aparece tiene el rostro totalmente cubierto y en las fotos donde se intenta reconocer a July aparece el rostro completo. 


"Es irregular ese tipo de reconocimiento, pues además de esta cuestión de que estuvo presente en la diligencia la fiscal a cargo de la investigación y eso es contrario a lo que las leyes del proceso penal indican".


La acompañante jurídica indicó que este es un buen momento para que el Poder Judicial en Veracruz garantice los derechos humanos de la mujer.


Explicó que otra irregularidad es que en la audiencia de reconocimiento para relacionar con el crimen a July “N” estuvo presente la Fiscal a cargo de la investigación, Jesenia Zavaleta, lo que es contrario a lo que las leyes del ejercicio penal en el país indican.


Por ello, en opinión de la abogada, las pruebas aportadas por la Fiscalía se tienen que desestimar por el juez, pues no hacerlo sería otra arbitrariedad. 


Además, el centro ProDH continúa con la investigación por el caso de tortura y tortura sexual de la que fue sujeta la joven, presuntamente para inculparse de los hechos; dicha indagatoria fue atraída por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).


Adicionalmente a la audiencia intermedia se realizará el dictamen médico psicológico del protocolo de Estambul, que determina la existencia de tortura en casos de detenciones.


Cabe recordar que, de acuerdo con datos recabados, la mujer fue detenida en el vehículo que presuntamente fue utilizado por los homicidas, aunque la familia sostiene que este fue vendido y rentado a ellos sin conocer la participación que tuvo en los hechos. 


Además, el Centro ProDH documentó también que la mujer fue torturada para inculparse.  Durante 10 meses, las autoridades de Veracruz se han mantenido omisas ante las acusaciones de la familia.