La construcción de 21 ciudades judiciales que se concesionaron a empresarios ligados al Panama Papers, genera suspicacia, por lo que medios de comunicación deben seguir investigando.

A pesar de que corresponde a las contralorías internas y al propio Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) revisar el manejo de los recursos públicos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez pidió a los comunicadores veracruzanos investigar sobre la edificación de las ciudades y el alto costo para los veracruzanos, “causa suspicacia”.

Francisco José Ruiz Anitúa y Javier Antonio Ruiz Anitúa, ligados al Panama Papers, lograron cuatro contratos marco para la construcción y mantenimiento de ciudades judiciales, por un monto de cinco mil millones de pesos.

Los hermanos crearon al menos cinco empresas para poder convenir y luego subcontratar la edificación de 20 ciudades judiciales, en igual número de distritos en la entidad. Cada mes el Poder Judicial paga 17 millones de pesos por esos contratos.

Datos que son públicos en el portal de transparencia del Poder Judicial revelan que las empresas: Desarrolladora CJI SAPI de CV, Desarrolladora CJII SAPI de CV, Desarrolladora CJIIISAPI de CV y Desarrolladora CJ IV SAPI de CV, propiedad de los hermanos Ruiz Anitúa, subcontrataron a Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV, para la edificación de las 20 ciudades judiciales

El proceso de la entrega de la obra podría pasar desapercibido, sino fuera porque Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV, tiene como socios a los mismos empresarios que crearon las cuatro primeras firmas para recibir los contratos del Poder Judicial en el periodo de Edel Álvarez Peña, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez refirió “ojalá y ustedes puedan seguir insistiendo, no dejen el tema. El Poder Judicial analizará (los contratos), yo tengo entendido que detuvieron algunas que no están edificadas, y hay otras donde ya están construidas y perdieron el litigio”.

Consideró que es viable que mediante la investigación periodística se pueda llegar a los responsables de las irregularidades que han sido detectados, y así dejar de pagar los platos rotos de otras administraciones.

“Es muy importante que en la opinión pública se dirima qué se hizo mal con el dinero del pueblo” planteó al reiterar que se “acomodó” todo para beneficiar a algunos empresarios, ligados al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.