En el presente proceso electoral 2020-2021, el gobierno del estado de Veracruz intervino las corporaciones policíacas de cuatro municipios gobernados por alcaldes adeptos a partidos políticos de la oposición.

Se trata de los municipios de Orizaba, San Andrés Tuxtla, Jilotepec y Playa Vicente, donde antes de la intervención del gobierno estatal y, por ende, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se registraron irregularidades de las autoridades y hechos de violencia.

En los cuatro municipios, el control de la seguridad fue asumido por corporaciones adheridas a la SSP, como la Policía Estatal y la Fuerza Civil, mientras los elementos de la policía local fueron desarmados.

De acuerdo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la intervención de las policías municipales se debe a la realización de operativos preventivos en los que se investigan presuntas actuaciones irregulares de las autoridades locales.

 

 

El caso más reciente se registró en Playa Vicente, donde incluso la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) participó en el desarme de los policías municipales, acusados por pobladores de amedrentarlos por simpatizar con candidatos distintos al que presuntamente apoya el alcalde.

Aunque en Orizaba los elementos de la Policía Municipal regresaron a sus labores de vigilancia un mes y medio después de ser desarmados, en las otras tres demarcaciones el control de la seguridad sigue en manos del gobierno del estado.

En San Andrés Tuxtla los municipales continúan operando, sin embargo, lo hacen en un estado de indefensión al carecer de armas, lo que hasta el momento provocó que dos de sus elementos sufrieran agresiones durante auxilios.

 

TRAS ATAQUE A ESTATALES, POLICÍA MUNICIPAL DE ORIZABA FUE DESARMADA

El pasado 13 de febrero, 389 elementos de la Policía Municipal de Orizaba fueron desarmados y trasladados a la Academia de Policía El Lencero, en Xalapa, donde se les realizaron exámenes de control y confianza.

 

 

La intervención fue realizada por integrantes de la Policía Estatal, Fuerza Civil, Guardia Nacional y la Sedena, quienes sorprendieron a los policías municipales que, en su mayoría, se encontraban en servicio y en las instalaciones de la inspección.

Cerca de 50 miembros de la corporación se resguardaron en el Palacio Municipal, al que colocaron cadenas en las puertas para evitar ser desarmados, sin embargo, el alcalde Igor Rojí López los conminó a entregar el equipo y acceder a las evaluaciones requeridas por la SSP.

 

 

A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, argumentó que el desarme se llevó a cabo para verificar que los policías cumplieran con la licencia colectiva para la portación de armas de fuego.

 

 

La intervención de la SSP en Orizaba se registró dos días después de que tres elementos de corporaciones adheridas a la dependencia murieron en medio de un ataque armado cuando realizaban guardia en la calle Sur 15, cerca del Servicio Médico Forense (Semefo) el 11 de febrero.

De acuerdo con familiares, algunos de los policías municipales que fueron trasladados posteriormente a El Lencero ya contaban con los exámenes de control y confianza aprobados, por lo que aseguraron que no existía razón para que estuvieran retenidos.

El 1 de abril, el director de Gobernación de Orizaba, Erick Morales Reyes, informó el regreso de la Policía Municipal a mes y medio de su desarme, luego de que 192 elementos fueron evaluados en los C3 de Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro.

Para aquel momento, 99 policías habían aprobado los exámenes, mientras que otros nueve los reprobaron y faltaban por conocerse los resultados de otros 84 miembros.

Ese día, las actividades de seguridad pública iniciaron con la participación de 221 elementos, de los cuales 94 eran guardias municipales, comandados por Plácido Andrés Rodríguez Domínguez, el nuevo inspector.

Al momento del desarme, Orizaba era gobernado por el priista Igor Rojí López, quien actualmente es candidato a la diputación federal por el distrito 15, por la coalición "Va por México" (PRI-PAN-PRD).

 

SSP INTERVINO CORPORACIÓN EN SAN ANDRÉS, POR LIBERACIÓN DE REO

La Policía Municipal de San Andrés Tuxtla fue desarmada por la Secretaría de Seguridad Pública la tarde del pasado 19 de abril, debido a que sus elementos liberaron a Marcelo Elías "N" alias "Lito", quien se encontraba detenido en la inspección por los delitos de abigeato y posesión de armas.

 

 

El presunto delincuente fue detenido un día antes y se encontraba en resguardo de los policías sanandresinos, quienes lo liberaron, por lo que 12 elementos fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre ellos el comisario Mauro Amador "N".

Aquella misma noche, el alcalde Octavio Pérez Garay acudió a declarar a la Subunidad de Procuración Integral de Justicia con base en el municipio tuxtleco, tras lo cual declaró públicamente que no solaparía actos de corrupción.

 

 

Cuatro de los elementos detenidos recibieron prisión preventiva por el delito de evasión de reos y el resto, todos excomandantes, por ultrajes a la autoridad. Hasta ahora, la SSP controla la seguridad del municipio y los policías locales continúan operando desarmados.

El estado de indefensión en el que laboran provocó que a un guardia municipal le fuera imposible defenderse de un taxista que le causó lesiones en la cabeza y el cuerpo cuando acudió a auxiliar a una mujer la madrugada del domingo 2 de mayo.

Tras el hecho, Pérez Garay denunció que los municipales carecían de armas para enfrentar la inseguridad y que eso era producto de la indefinición en la que se encontraba la corporación local, por lo que pidió informes al gobierno estatal sobre su estatus.

 

En respuesta, Cuitláhuac García expresó que la urgencia del alcalde por rearmar a la policía sanandresina podría generar suspicacia; "yo creo que él debería ser el más interesado que el proceso judicial termine conforme a derecho (...) que colabore", dijo.

 

A las acusaciones del gobernador se sumaron las del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien afirmó que el munícipe ya era investigado por la liberación de Elías Marcelo "N", pues "no queremos pensar que quien dio la orden fue Octavio Pérez".

Tras dichas declaraciones, Tavo Pérez ofreció una rueda de prensa en la que lamentó que solicitar información sobre el estado que guarda la Policía Municipal derivara en agresiones en su contra y responsabilizó a Cisneros si algo le pasaba a él o a su familia.

La mañana de este martes 11 de mayo, su madre y exalcaldesa de San Andrés Tuxtla de 2008 a 2010, Marina Garay Cabada, fue privada de la libertad cuando se encontraba en la bodega de su negocio de materiales para la construcción.

El plagio fue confirmado por García Jiménez, quien aseguró que Pérez Garay ya se había comunicado con la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, quien lo conminó a interponer una denuncia.

Diversas corporaciones de Seguridad Pública mantienen un operativo en la zona, a la que arribó el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, con el objetivo de localizar a la exalcaldesa.

En la conferencia de prensa que ofreció esta mañana, el gobernador recordó que el hecho se registró a casi un mes de que la Policía Municipal de San Andrés Tuxtla fue desarmada por la liberación de un presunto delincuente, situación por la que se investiga a Pérez Garay.

Por la tarde, Octavio Pérez Garay apareció públicamente para pedir paciencia a los plagiarios de su madre, a quienes les expresó estar dispuesto a escuchar cualquier propuesta y hasta tomar su lugar para que sea liberada.

El alcalde también a las autoridades estatales y federales abstenerse de intervenir en el tema, sin embargo, el operativo montado por Seguridad Pública aún continúa en el municipio tuxtleco.

 

"Agradezco la voluntad que han mostrado todas las instituciones de gobierno tanto estatal como federal para intervenir en este tema de mi madre, les pido de la manera más atenta que por favor se retiren del tema, que nos dejen a nosotros como familia tomar las decisiones.

 

Estamos reunidos esperando cualquier tipo de comunicación, a los medios de comunicación les pido, de la manera más atenta, mesura y prudencia, se trata de mi madre", declaró.

Octavio Pérez Garay, quien cuenta con un pasado priista, asumió el poder en San Andrés en 2018, tras ganar las elecciones por la vía independiente un año antes. En el último proceso electoral, apoyó abiertamente a candidatos de la coalición PAN-PRD.

 

EN JILOTEPEC TAMBIÉN INTERVINIERON

El pasado lunes 3 de mayo, a pocos días del desarme de la Policía Municipal de San Andrés Tuxtla, las autoridades estatales también tomaron el control de la seguridad en el municipio de Jilotepec, ubicado en la zona centro de la entidad.

 

 

Ahí, 29 elementos municipales fueron desarmados y trasladado a la Academia Estatal de Policía El Lencero de Xalapa para que se les apliquen los exámenes de control y confianza.

Presuntamente la SSP arribó al municipio sin orden firmada que avalara el traspaso de las funciones, lo que generó desconfianza y rechazo de los guardias locales que finalmente entregaron su armamento.

En conferencia de prensa, el gobernador de Cuitláhuac García subrayó que el desarme de la policía de Jilotepec se debió a las constantes revisiones a las corporaciones municipales para garantizar que estén certificadas.

 

 

"Hay un compromiso con el Secretariado de que implementemos una revisión permanente de las certificaciones que deben tener las policías municipales, en Jilotepec han surgido algunas situaciones", comentó.

 

El municipio de Jilotepec es gobernado por el priista Sergio Fernández Lara, de quien el pasado 8 de abril se corrió el rumor de que fue detenido por un presunto desvío de recursos del ayuntamiento.

 

 

La versión fue desmentida por el secretario de la administración pública municipal, Edgar de Los santos Morales, quien aseguró que el alcalde sólo se encontraba aislado tras dar positivo a covid-19.

 

PLAYA VICENTE, EL ÚLTIMO CASO

Apenas el lunes 10 de mayo, policías municipales de Playa Vicente fueron desarmados y concentrados en Xalapa, pues según la SSP deberán presentar exámenes de control y confianza en la academia de El Lencero.

 

 

Los 43 elementos de la Policía Municipal fueron sorprendidos durante un operativo realizado por la Policía Estatal en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN).

El operativo se suscitó una semana después de que pobladores se manifestaron en contra d ellos guardias municipales, a quienes señalaron por presuntamente amedrentarlos a bordo de camionetas negras para obligarlos a votar por el PAN, partido en el que milita el actual alcalde.

Tras el desarme y traslado a Xalapa, 27 de los policías municipales se opusieron a la aplicación de los exámenes de control y confianza.

El presidente municipal, el panista Gabriel Álvarez López, aseguró que dado el escenario político y electoral habrá personas a las que les cause cierto placer el aseguramiento de los policías municipales que, afirmó, fueron tratados como delincuentes. 

 

 

Playa Vicente se convirtió en uno de los municipios que mayor violencia registró en los últimos años debido a la presencia de la delincuencia organizada, la comisión de delitos como homicidios dolosos, desapariciones y el descubrimiento de fosas clandestinas.

 

DESARMES SON PORQUE POLICÍAS NO ESTÁN CERTIFICADOS: CUITLÁHUAC

Según el gobernador de Veracruz, el desarme de las corporaciones de los anteriores municipios, gobernados por alcaldes adeptos a partidos de oposición, se debe a que los policías carecen de certificación.

 

"Cuando vemos que hay suspicacias vamos más a fondo y lo que nos hemos topado como factor común es que donde han sucedido temas de violencia, la policía no está certificada y nos crea un problema legal porque en ese momento no podemos ser omisos", externó.

 

El mandatario declaró que se mantienen operativos preventivos para revisar a las corporaciones municipales y una vez que se verifica su certificación la situación vuelve a la normalidad.

Este año, la Secretaría de Seguridad Pública del estado intervino también las policías municipales de Tres Valles, Misantla y Tenampa, con el argumento de comprobar que sus elementos contaran con la acreditación de los exámenes de control y confianza.