En la última década, las denuncias presentadas contra el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares dieron pie a una nueva indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exjefe del Ejecutivo en Veracruz.

Este domingo por la noche, la FGR informó que “a fines” del año pasado se presentó una denuncia contra el exmandatario, que tiene que ver con su paso como director general del ISSSTE, entidad a la que se le solicitó información para robustecer la carpeta de investigación.

Sin embargo, el panista salió al paso y replicó que se trata de una persecución política con el objeto de afectar a sus hijos, Fernando Yunes Márquez, alcalde de Veracruz, así como Miguel Ángel Yunes Márquez, quien busca suceder a su hermano.

“No es casual que la denuncia de la UIF se “filtre” en plena campaña electoral y que -aunque yo no participo en actividades políticas- la misma sea la punta de lanza en una estrategia para lastimar a dos de mis hijos que decidieron hacer carrera en el sector público, uno de ellos como candidato en esta etapa de elecciones y el otro como alcalde en funciones de la Ciudad de Veracruz”, difundió Yunes Linares en un comunicado.

E-Consulta Veracruz retoma las acusaciones y probables delitos que la FGR trataría de imputar al exgobernador.

DENUNCIA DE MANUEL ESPINO

En 2013, Manuel Espino acusó que el ex director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, documentó ingresos por más de seis millones de dólares en cuentas de al menos cuatro bancos extranjeros, antes y después de fungir como titular.

Al señalar que contaba con documentos que así lo probaban, señaló que estos consisten en estados de cuenta de los bancos City National Bank, Mandiri Bank, HSBC y Ameris Bank.

A las cuatro instituciones se les dio el nombre de Yunes Linares y un domicilio ubicado en la ciudad de Miami, Florida. Los estados de cuenta consignan depósitos hechos durante diversos meses de los años 2001, 2005, 2006, 2007 y 2010.

Aunque en su momento no se señaló el tipo penal al que hacía referencia, este podría encuadrar en el enriquecimiento ilícito, que tiene una pena que va de dos hasta 14 años de cárcel.

El artículo 224 del Código Penal Federal señala que “… existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño”.

Sin embargo, de acuerdo con lo que prevé el mismo código en su artículo 105, “la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años”.

Es decir, tomando en cuenta la regla básica del procedimiento penal, si Yunes Linares realizó acciones tendientes al enriquecimiento ilícito en los años que estuvo al frente del ISSSTE, la posibilidad de ejercitar acción penal en su contra pudo haber prescrito en 2018, puesto que en 2010 se separó de su cargo para contender por la gubernatura.

DENUNCIA DEL SNTE

Otra denuncia contra e panista la interpuso la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que acusó al exgobernador de ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La organización gremial señaló que Yunes Linares, en su calidad de director general del ISSSTE, realizó un sistema de préstamo de dinero a maestros con la empresa Consupago, compañía que descontaba directamente de la nómina de los maestros, y que por el dinero que cobraba por cada préstamo pagaba millonarias “comisiones” a tres empresas propiedad del exmandatario y familiares cercanos: Cobranza y recuperación SA de CV; Corporate Linkage SA de CV, e Intermediación Corporativa SA de CV.

Las tres empresas, de acuerdo con el señalamiento, coinciden en que son accionistas la esposa de Yunes Linares, Leticia Isabel Márquez Mora, y sus hijos Omar, Miguel y Fernando.

Respecto a esto, el código penal federal señala en su artículo 220 que comete el delito de ejercicio abusivo de funciones el servidor público que:

“… en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.

Para ello, se establece una pena privativa de libertad de entre dos y 12 años. Si se toma en cuenta el último año al frente del ISSSTE, para este caso en específico, la posibilidad de iniciar un proceso contra el exfuncionario pudo haber caducado en 2017.

Para el caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el artículo 400 bis señala que se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

Además, a quien “oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita”.

DENUNCIA DE DUARTE

En 2016, el exgobernador de Veracruz preso en el reclusorio norte, Javier Duarte de Ochoa, presentó denuncia contra Yunes Linares por enriquecimiento ilícito.

Aunque no especificó a qué periodos como servidor público se refería, Duarte pidió que se le procesara por incrementar su fortuna de forma desmedida.