Diputados de oposición de la 65 legislatura validaron la acción de inconstitucionalidad que se presentará  ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que busca echar abajo el delito de ultrajes a la autoridad, por el que se ha dado la detención arbitraria de políticos, líderes y jóvenes.

​El documento fue respaldado por los 18 legisladores locales, entre ellos los 13 que integran la fracción de Acción Nacional, así como por los priistas Erika Ayala, Jorge Moreno, Brianda Kristel Hernández Topete del PRD y Rodrigo García Escalante; además, de que Movimiento Ciudadano ya había anunciado que la diputada Ivonne Trujillo lo avalaría. 

 A la fecha el Congreso de Veracruz ha sido observado en más de 17 ocasiones por los juristas que revirtieron reformas a leyes locales, por lo que activistas ya habían solicitado la actuación de los diputados.

El 11 de marzo se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el decreto 848 que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Veracruz, entre ellas el delito de ultrajes a la autoridad.

La reforma establece que el delito se configura si la agresión se da contra elementos de seguridad pública o policías del estado y la sanción es de cinco a 15 años de cárcel.

A la fecha se ha dado la detención de Rogelio Franco por romper la camisa de un ministerial, quien fue recluido por un periodo de ocho meses; se privó de la libertad al líder de los verificentros Eduardo Cásares Sort de Saenz, quien obtuvo su libertad tras el pago de una fianza.

Recientemente se dio el anuncio de la detención de ocho jóvenes de Orizaba que se encontraban en un estudio de tatuajes. La autoridad acusó ultrajes, en tanto la familia denunció que se trató de un montaje.