Veracruz, Ver.- En medio de señalamientos por daño patrimonial, peculado y otros actos de corrupción, Manuel Rosendo Pelayo, exalcalde de San Andrés Tuxtla, busca por segunda ser presidente municipal. 

Tras pasar por las filas del PRI y del Verde Ecologista, el exalcalde esta vez se registró como precandidato a la presidencia de San Andrés Tuxtla por el PRD, aún sin ser militante del partido.

Su postulación se presenta un año y medio después de que agentes ministeriales catearon su domicilio para ejecutarle una orden de aprehensión. El político apodado Chendo Mentiras logró escapar por la puerta trasera y se dio a la fuga hasta obtener un amparo federal. 

En el camino hacia el seis de junio, Rosendo podría enfrentarse a viejos conocidos, como la médica María Elena Solana Calzada, mejor conocida en la región como "La Doctora Remedios", quien fue su suplente en la alcaldía en el período 2014-2017.

La tarde del 19 de agosto de 2019, agentes ministeriales ingresaron mediante una orden de cateo al domicilio de Rosendo Pelayo, ubicado en la calle Matamoros de la colonia La Esperanza.

Después de llegar al lugar en al menos ocho camionetas, agentes ministeriales acordonaron la casa del exalcalde y también la de su hermana Petra Rosendo Pelayo, quien fue síndica del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla en el gobierno de su antecesor, Rafael Fararoni Mortera.

Sólo una parte de los policías ministeriales ingresó al domicilio de Manuel Rosendo por más de una hora y media. También inspeccionaron la azotea de la casa de Petra Rosendo Pelayo, la cual se encuentra a un costado de la de su hermano.

Al día siguiente, el exfiscal Jorge Winckler aseguró que Manuel Rosendo se encontraba prófugo de la justicia y que el cateo que se realizó en su domicilio era con el fin de ejercer una orden de aprehensión en su contra.

Cercano a Javier Duarte, acusado por desfalco

Rosendo Pelayo llegó por primera vez a la presidencia de San Andrés Tuxtla en 2014, tras ganar las elecciones como representante del PRI y siendo un fiel aliado del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, con quien ocupó el cargo de titular de la Junta de Mejoras.

Su administración es recordada por promesas incumplidas, proyectos inconclusos y un daño patrimonial al erario por el que enfrentó denuncias interpuestas por la administración del actual alcalde, Octavio Pérez Garay.

En agosto de 2017, ya como alcalde electo, Pérez Garay informó que Manuel Rosendo le heredaría una deuda de 100 millones 809 mil 954 pesos, que presuntamente se generó tras la adquisición de un crédito.

De acuerdo con el actual munícipe de San Andrés Tuxtla, Rosendo Pelayo recibió una deuda de 20 millones de pesos cuando inició su período como alcalde, sin embargo, la aumentó cinco veces para el final de su administración.

En 2018, el exalcalde participó en el proceso electoral de ese año como candidato a la diputación federal por el distrito XIX de Los Tuxtlas, abanderado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuando aún era aliado del PRI.

Tras perder en las urnas, el expriista se mantuvo lejos de la esfera pública mientras promovía recursos de amparo para evitar que se ejecutara la orden de aprehensión en su contra por las denuncias que enfrentaba.

El contrato millonario a una empresa fantasma

Tras asumir la presidencia municipal de San Andrés Tuxtla a inicios del año 2018, Octavio Pérez Garay denunció a Manuel Rosendo ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por otorgar un contrato de 36 millones de pesos a una empresa fantasma.

El contrato fue otorgado en 2015 a la empresa "Luminarias de Veracruz S.A. de C.V.", con domicilio en una casa de la ciudad de Boca del Río y ligada a la familia del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien purga una condena de nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa.

La cantidad exacta del contrato ascendió a 36 millones 934 mil 730 pesos, por la entrega e instalación de más de cinco mil luminarias, a las que Pérez Garay consideró como defectuosas. Sólo se comprobó la instalación de tres mil 400 de ellas.

El fraude a Liconsa

El 22 de enero de 2018, el ayuntamiento de San Andrés Tuxtla comunicó la presentación de una orden de embargo emprendida por la empresa Liconsa por un monto de un millón 740 mil 636 pesos, por 600 mil cajitas de leche entregadas a la administración de Rosendo Pelayo en su último año.

Licosa solicitó el pago de la deuda al gobierno de Manuel Rosendo desde septiembre de 2017, incluso a través de una orden judicial, sin embargo, el exalcalde hizo caso omiso al requerimiento de la paraestatal.

En junio de 2018, cuando ya era candidato del PVEM a la diputación federal por Los Tuxtlas, interpuso la demanda de amparo 173/2018 ante la juez Marisol Barajas Cruz por dichas acusaciones. La deuda fue pagada por la actual administración municipal.

Orfis confirma daño patrimonial

El 1 de octubre de 2018, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz reportó anomalías en el uso de recursos públicos por 56 millones 397 mil 250 pesos correspondiente al año 2017, durante el último año de gobierno de Manuel Rosendo.

Los recursos debieron aplicarse en obra pública, pero no fueron solventados durante el procedimiento de análisis realizados a las aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, por lo que se presumió la existencia de daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal.

Esa fue la segunda vez que el Orfis fincó responsabilidades contra el político, pues en julio de ese mismo año lo denunció penalmente por un daño patrimonial de 16 millones 664 mil 16 pesos con 18 centavos de la cuenta pública 2016.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) también señaló que durante su administración se detectó un presunto desvío de más de 42 millones de pesos por obras inconclusas o que no se realizaron.

Amparo lo salva de detención

El miércoles 10 de abril de 2019 Manuel Rosendo Pelayo fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, fue dejado en libertad minutos después tras mostrar un amparo federal.

Rosendo Pelayo fue capturado luego de la denuncia que interpuso en su contra Octavio Pérez Garay por otorgarle un contrato de más de 36 millones de pesos a la empresa fantasma "Luminarias de Veracruz S.A. de C.V.".

El exalcalde libró la detención gracias a un amparo indirecto con el número de expediente 289/2019-I-A otorgado por un juez federal del Décimo Quinto Distrito de Xalapa, con fecha de acuerdo del 9 de abril de 2019.