La pandemia por el virus SARS CoV-2 se usa como pretexto para no dar a conocer los resultados de la Cuenta Pública 2019 al ampliar el plazo de entrega del informe que debe presentar el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), opinaron especialistas.

El actuar de los diputados que aprobaron tres prórrogas es visto como un tema electoral ante la renovación del Congreso y los 212 Ayuntamientos. Estas acciones podrían derivar en el incumplimiento de un deber legal, plantearon los académicos de la Universidad Veracruzana (UV) Hilario Barcelata y Rafael Arias.

La 65 legislatura, con mayoría de Morena, amplió el periodo de la entrega y proceso de fiscalización del primer año de la administración de Cuitláhuac García Jiménez y de los 212 Ayuntamientos. El presidente de la Comisión de Vigilancia, Eric Domínguez Vázquez, mencionó que el aplazamiento está relacionado con el hecho de que personal del Orfis se contagió de covid.

Para el economista Hilario Barcelata Chávez, la justificación es insuficiente, pues el actuar de los legisladores deja en la indefensión a los votantes, que no tendrán elementos para evaluar el trabajo de funcionarios y autoridades que buscan un nuevo cargo y de los propios diputados que buscarán a un nuevo puesto, algunos por la reelección.

El trabajo de los diputados podría ser tipificado como un delito, para ello, es necesario que los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), diputados de oposición o algún ciudadano presente una denuncia por incumplir con el deber legal de fiscalizar el manejo de los recursos, planteó el académico Rafael Arias Hernández.

¿Qué dice la ley?

Las cuentas públicas del año anterior serán presentadas por los Entes Fiscalizables al Congreso, a más tardar el día treinta de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, hasta por treinta días naturales, mediante solicitud del Gobernador y con autorización del Congreso, establece el artículo 28 de la Ley de Fiscalización del Estado.

En marzo del 2020, al inicio de la pandemia, la mayoría de la 65 legislatura aprobó prolongar hasta junio la entrega de la información de los 300 entes fiscalizables, para su revisión; en consecuencia, se autorizó al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) a entregar el Informe de Resultados en diciembre del año pasado.

Para julio, la titular del Órgano de Fiscalización, Delia Gonzáles Cobos, pidió un mes más para integrar el reporte oficial del ejercicio del presupuesto del año 2019. Ya en este 2021, el día 28 de enero, se pidió un nuevo plazo para entregar el informe hasta junio, dado que los trabajadores enfermaron y más del 25 por ciento no acude a trabajar por formar parte de grupos vulnerables.

De manera extraoficial personal del Orfis informó de la entrega del Informe de Resultados el viernes 29 de enero, sin embargo, un día antes se validó un nuevo periodo de gracia.

¿Qué implica la fiscalización del manejo de recursos públicos? 

El Órgano de Fiscalización es el responsable de revisar el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y recursos públicos estatales y municipales, la ejecución de obra pública, y el manejo de la deuda pública, además, debe auditar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas estatales, dependencias del estado, órganos autónomos, descentralizados, y municipios.

La revisión se puede iniciar un día después de cerrado el ejercicio fiscal, sin embargo, la ley establece que la información se debe entregar a más tardar el 30 de abril del siguiente año del ejercicio que se audita. Sólo el Ejecutivo puede entregarla en mayo, con previa autorización del Congreso.

Una vez auditado y revisado el manejo de los recursos, el Orfis integra un informe que debe remitir a los diputados locales, antes de concluir septiembre, ya que ellos son los responsables de analizar y aprobar el gasto del recurso público a más tardar en el mes de octubre. El periodo de fiscalización, según la ley, no puede exceder más de seis meses.

La pandemia, pretexto para retrasar la fiscalización 

Desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020, la Comisión de Vigilancia del Congreso local propuso al pleno ampliar el plazo para la entrega de los informes de los entes, llámese gobierno del estado, municipios, órganos autónomos y descentralizados.

El plazo varió del 30 de abril al 15 de junio de ese mismo año; en consecuencia, se determinó que el Orfis podría extender las auditorías y la integración del informe de resultados hasta el 15 de diciembre del año pasado.

Para junio del 2020, la titular del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos envió el oficio OFS/AG/2955/06/2020, solicitando una ampliación al plazo de entrega de dichos informes para enero del 2021.

El argumento que se dio desde el inicio de la pandemia es la obligación de enviar a los trabajadores a casa, para reducir el riesgo de contagio por el trabajo en las instalaciones. 

El 28 de enero del 2021, a dos días de concluir la segunda prórroga, la Junta de Coordinación Política de la 65 legislatura emitió un nuevo acuerdo, que fue respaldado por la oposición, para extender la entrega hasta septiembre.

Se mencionó que, aunque el personal había trabajado en horarios extraordinarios, se dio un incremento en el número de contagios de los servidores públicos, provocando hospitalización y el deceso de los trabajadores. Además, el 25 por ciento del personal es vulnerable al contagio por padecer otra enfermedad o por embarazo.

Para reducir el riesgo, se determinó reducir la asistencia a las oficinas del Orfis y eso impactó en la integración del informe, argumentó la titular González Cobos. De manera que pidió entregar el informe en julio, después del proceso electoral, prolongando su trabajo un año dos meses.

Días antes de la fecha que se había anunciado como probable para la entrega, se filtró a los medios de comunicación el informe individual de la fiscalización a las Ciudades Judiciales que se edificaron en el periodo de Edel Álvarez.

El informe detallaba 11 observaciones en obras judiciales. La filtración echó abajo el argumento que el trabajo del Orfis estaba incompleto por falta de personal, sumado a que se va a empalmar la revisión financiera del año 2020, opinó Barcelata Chávez.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la 65 Legislatura, Eric Domínguez Vázquez, validó la ampliación en el plazo al señalar que algunos trabajadores dieron positivo al virus SARS CoV-2, lo que obligó a retrasar el Informe General.

El morenista, aclaró que a pesar de que se amplió el plazo para la revisión del 2019, el Orfis tiene la obligación de cumplir con la entrega del informe del año 2020, el segundo de la administración de Cuitláhuac García Jiménez. 

Electorera la decisión: Académico 

El investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Hilario Barcelata Chávez, planteó que el retraso en la fiscalización de recursos públicos deja en la indefensión a los electores, pues no tendrán elementos para poder valorar el trabajo de los diputados, así como el de las autoridades, en su mayoría municipales, que ahora buscan una diputación federal o local.

El también exdirector del IPE, consideró que hay elementos para plantear que el retraso en la presentación del informe tiene como objetivo evitar el golpeteo político, previo y durante las campañas electorales, lo que hace presuponer un mal manejo de recursos públicos de la administración de Morena.

La posibilidad de auditar el manejo de órganos autónomos, descentralizados o dependencias no obliga a la presentación de más de 10 trabajadores del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para hacer el análisis de la información administrativa.

Por lo regular, planteó, se les acondicionan espacios como auditorios o salas de juntas que garantizan el trabajo respetando la sana distancia, por lo que, si bien es razonable que se quiera cuidar a la plantilla laboral, no es una justificación para atrasar la entrega de la información del manejo financiero por más de un año.

“En un año electoral es importante saber cómo se manejaron los recursos públicos, sirven de información para un voto razonado, para que la gente entienda cómo se desempeñó el funcionario y en general el partido que está en el gobierno”.

“Parece que las decisiones se toman pensando en los procesos electorales, es lo que uno tiende a pensar. Y aunque no fuese así tenían que pensarlo para no actuar así, no presentar el informe en época electoral. Sí se pensó o no se pensó, es un error”, opinó.

Diputados incumplen un deber legal: Rafa Arias 

El académico de la Universidad Veracruzana (UV), Rafael Arias Hernández, planteó que aplazar la entrega de los resultados podría constituirse en un delito, dado que la Auditora Delia Cobos Gonzáles, así como los 50 diputados locales están incumpliendo en un deber legal.

La falta de resultados del trabajo del Orfis pone en duda la utilidad del órgano, incluso, del propio Sistema Estatal Anticorrupción que se debía pronunciar por el retraso de más de un año al manejo financiero, por la contingencia sanitaria.

“Es una pandemia de incumplimiento, asociación delictiva, corrupción y muchas otras conductas que se podrían tipificar, pues no se justifica la entrega del informe. Y la oposición no ha tocado al Orfis ni con el pétalo de un cheque”, declaró en entrevista.

Arias consideró que el tema tiene un tinte político-electoral, pues es evidente que a ningún partido le conviene el golpeteo mediático previo a las elecciones, por eso es por lo que, se mantienen al margen del tema.