Un año ha pasado desde que los restos del joven Josué Bernardo Marcial Santos fueron hallados en una cajuela en San Juan Evangelista, Veracruz. Sin detenidos, ni avances en investigación, esta tarde de 17 de diciembre de 2020, en Plaza Regina de Xalapa, músicos y activistas pidieron justicia y un alto a la inseguridad que ‘asfixia’ a luchadores y luchadoras ambientales y sociales, como lo fue en vida Tío Bad.

Músico, luchador social y ambientalista

Tío Bad se reconocía a sí mismo como indígena; hacía rap en mixe-popoluca, como un intento por rescatar la lengua. Su apodo viene de sus sobrinas, quienes creían en su bondad: "tío bueno"; pero Josué creía que ellas eran las que eran demasiado buenas, por lo que se cambió a Tío Bad.

El joven de 24 años, originario de Sayula de Alemán, se posicionó con música y protestas contra el narcotráfico, la violencia, los asesinatos, desigualdades al sector vulnerable indígena, la afectación a recursos naturales, el desplazamiento de los pueblos originarios y las injusticias sociales que aquejan al estado.

La zona sur de Veracruz, donde Josué nació y creció, destaca a nivel estatal y nacional por los hechos de violencia derivados de luchas entre carteles. En medio de este clima de violencia, también se ha desarrollado a la par un fuerte movimiento musical de son jarocho, reconocido a nivel mundial.

El rapero también fue influenciado por el gremio ‘sonero’, que hace un año se posicionó en repudio al asesinato; el jaranero era reconocido pues buscó rescatar la forma de tocar como ‘los de antes’.

Su activismo buscaba que indígenas y sectores vulnerables ‘se levantaran’, y luchó fuertemente con la organización Altepee, que aún hoy busca la detención del megaproyecto morenista Corredor Interoceánico-Istmo de Tehuantepec.

Compañero rapero y activistas creen que su fuerte activismo al sur de Veracruz sería la causa de su asesinato. A pesar de que se abrió una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, no hubo más respuestas oficiales.

Familia pagó rescate y recibieron su cuerpo ‘en partes’

La familia de Tío Bad, conformada por padre, madre, hermana y sobrinas, son de escasos recursos. Tuvieron que vender terreno que trabajaban como campesinos para pagar rescate; horas más tardes se enteraron que los restos hallados en San Juan Evangelista, en la cajuela de un auto, pertenecían a Josué Bernardo.

Temen represalias de delincuentes si dan continuidad a dar justicia a su hijo por la vía legal. “Por aquí están denunciando y por acá ya tienen a personas afuera de su casa”, dijo en entrevista Majloc, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), amigo y compañero activista de Josué, quien se mantiene en contacto con la familia Marcial Santos.

Activistas en Veracruz ‘a merced’ de amenazas

El ambientalista y luchador social Adán Vez Lira veracruzano fue asesinado a balazos el 8 de abril de este año en La Mancha, municipio de Actopan, Veracruz. Hasta el momento no hay responsables detenidos.

Lira fue reconocido activista, sobre todo en Actopan, donde mantuvo un fuerte liderazgo en luchas de oposición a minería. El municipio es uno de los protagonistas de la resistencia social contra los megaproyectos de minería a cielo abierto.

Colectivos de resistencia, instituciones de la Universidad Veracruzana, investigadores e investigadoras y grupos condenaron el ataque. 

“Quienes defienden el medio ambiente y construyen alternativas para el desarrollo sostenible en México enfrentan numerosos riesgos y amenazas. (Estos activistas) se oponen a intereses y muchas veces deben hacerlo solas por la falta de actuación de las autoridades, quienes tienen la obligación de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”, declaró en su momento Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH en México).

Desde hace dos meses no se sabe el paradero de Miguel Vázquez Martínez, de 69 años. El fundador de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla, y dueño de un taller mecánico, desapareció en Tlapacoyan, Veracruz.

Distintos grupos veracruzanos en defensa de recursos naturales aseguran que el secuestro de Miguel está relacionado con su activismo, pues afectó proyectos de empresarios y gobierno.

El 24 de noviembre se convocó a una rueda de prensa por parte de Lavida (La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental) para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) celeridad en las investigaciones para dar con el paradero del ambientalista, pues temen que reine un clima de inseguridad contra los y las demás activistas de Veracruz.

Se alertó en esa misma rueda de prensa que la agresión en contra de Miguel es la punta del iceberg de varias amenazas contra defensores y defensoras en el corredor del río Jalacingo, afluente del río Bobos-Nautla, donde se logró que comunidades se ampararan contra empresas hidroeléctricas.