La Fiscalía General del Estado (FGE) pone en riesgo la impartición de justicia para Silvia Alpuche y José Héctor Armendáriz, madre y padre de la joven Silvia Jazmín Armendáriz Alpuche, víctima de feminicidio el 18 de agosto de 2019 en Minatitlán a sus 25 años.

La abogada de la familia, Isabel Morales Aguirre, expuso que el organismo justifica estar saturado para dar seguimiento a pruebas que podrían ayudar a esclarecer el crimen y sentenciar a un presunto responsable; pese a los señalamientos públicos, la Fiscalía no emitió una postura oficial sobre el tema, aunque se solicitó por este medio de comunicación.

A un día de cumplirse 15 meses del feminicidio, tanto la defensora como la madre de la víctima advierten negligencia del organismo a cargo de procurar justicia para admitir e indagar al menos 20 documentales que podrían resultar claves en el caso.

Ambas mujeres advierten sobre el término de los cinco meses de la medida de prisión preventiva oficiosa contra Aldo Adán "N", el único detenido por el crimen, aunque reconocen que podría haber más implicados.

Explicaron que la medida cautelar vencerá el próximo 15 de diciembre, cuando se realizará una nueva audiencia de manera simultánea con el inicio del periodo vacacional del Poder Judicial del Estado que comprende los meses de diciembre y enero, por ello si el implicado no es sentenciado es posible que quede en libertad hasta 2021.

“NO ACTUÓ SOLO”

Sin adelantar más detalles, la abogada Morales Aguirre advirtió que existen pruebas de que Aldo Adán "N", exnovio de Silvia Jazmín, "no actuó solo" en los hechos, sin embargo confían en que la Fiscalía procederá contra cualquiera que haya sido copartícipe de validarse los elementos probatorios.

"Lo que queremos es justicia, justicia para Silvia Yazmin, víctima de una muerte espantosa. No fue un perro a quien mataron (…), fue una muchacha con una maestría, una muchacha que hablaba cuatro idiomas. Una mujer con un promisorio futuro", expresó la defensora en entrevista con E-Consulta Veracruz.

La litigante y activista explicó que la ley le permite gestionar sus propios datos de prueba, sin embargo, la Fiscalía General del Estado no ha admitido tales documentales desde el mes de mayo pasado. 

"Son quince pruebas que les he pedido desde mayo y no las han desahogado. Que porque tienen que ir a una diligencia, que por esto, que por lo otro, ¿qué pasa? (...); la ley sí me permite hacer mis propios datos de prueba. Eso sí lo estoy haciendo, pero volvemos a lo mismo: ¿cómo es posible que tú hayas pedido quince probanzas desde mayo y no las hayas desahogado? De quince de agosto a 15 de noviembre son 15 meses. ¿Qué esperas? ¿Cómo vas a introducir eso en la carpeta?", externó.

CUESTIONAN INVESTIGACIÓN OFICIAL 

La abogada cuestionó la debida integración de la carpeta de investigación abierta contra Aldo Adán 'N', quien fue pareja sentimental de la víctima y se convirtió en prófugo después del crimen para ser detenido 11 meses después, el 14 de julio del año en curso en el municipio de Córdoba.

Morales Aguirre reprochó una falta de perspectiva de género en la labor de la Fiscalía, cuya titular Verónica Hernández Giadáns es mujer, al igual que la Fiscal Coordinadora Especializada en Minatitlán, Roberta Ayala Luna.

La defensora aseveró que, en caso de no desahogarse las pruebas, Aldo Adán "N" podría recuperar su libertad al fenecer el término de cinco meses de prisión preventiva y nuevamente darse a la fuga, lo que se traduciría en una revictimización, tanto de Silvia Jazmín como de sus padres. 

“Por qué lesionar y agraviar más a la madre de la ofendida que es mujer. Estamos hablando que la justicia debe llegar: si no es él (el imputado), que se vaya, (...) Si nosotros estamos hablando que la Fiscalía es la que defiende a las mujeres, es la que ayuda a las mujeres, es la que ve e integra las carpetas, ¿y si las mal integra, yo qué puedo hacer?".

Explicó que en su caso, asesora a la familia Armendariz Alpuche, tal y como lo especifica el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual obliga a asignar un defensor de oficio al servicio de las víctimas. Por esto reprochó la dilación de la Fiscalía, en tanto el término de prisión preventiva de Aldo Adán "N" se agota.

"Hay cosas que se les han pedido y no se las han dejado. El término se agota y al agotarse el término no me importa que pidan un mes más, que sería el de diciembre-enero, ese mes ya está muerto porque todo el mundo se va de vacaciones", reiteró. 

IMPUTADO ESCAPÓ EN UNA OCASIÓN 

Juana Isabel Morales refirió que en julio de 2020, 11 meses después del feminicidio de Silvia Jazmín, se ejecutó la orden de aprehensión contra el ahora imputado. Posteriormente el Juez de Control emitió una medida cautelar de prisión preventiva de seis meses.

Además de la dilación, considera que existe falta de ética del Poder Judicial y en casos como el de Jazmín se demuestra la poca utilidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Veracruz.

"La Comisión de Atención a Víctimas y la Carabina de Ambrosio es lo mismo. La de Víctimas te puede dar apoyo psicológico, apoyo moral, medidas de restricciones, mas no te va a dar lo que la carpeta te requiere, y requiere sustento legal".

En cuanto al Poder Judicial, si bien reconoció el desempeño de unos cuantos jueces y juezas, recordó que el trabajo de algunos está bajo revisión, pero el principal problema radica en la deficiente integración de las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía.

"No es que no haya confianza. No hay una obligación moral, ni tienen ética, algunos y algunas jueces mi respeto y mi reconocimiento, pero si va la columna vertebral, que es la integración de la carpeta de investigación, aunque ellos quisieran decir 'se queda', no se va a quedar porque no está la integración como debe ser".

Por lo tanto solicitó a la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns y la Fiscalía Coordinadora Especializada, Roberta Ayala Luna, a poner "el ojo" a la carpeta relativa al caso de Silvia Jazmín.

Recalcó el clamor de justicia de parte de la víctima y de sus padres Silvia Alpuche y José Héctor Armendariz Martínez, demandando que no se violenten los derechos humanos de las víctimas plasmados en los artículos 1 y 8, de la Constitución y los artículos 104 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

CRIMEN ATROZ 

El 17 de agosto de 2019, Silvia Jazmín, trabajadora de la Refinería "Lázaro Cárdenas", salió de su domicilio rumbo a la ciudad de Coatzacoalcos para una cita con la manicurista. 

Un día después, el 18 de agosto, los restos de la joven fueron encontrados en un basurero clandestino del municipio vecino de Cosoleacaque, hallando el cadáver calcinado a excepción de los pies.

Policías recuperaron el automóvil Honda Accord de Silvia Jazmín en la colonia Villas del Sur, en la ciudad de Coatzacoalcos. Posteriormente, el 16 de julio de 2020, policías ministeriales detuvieron al exnovio de la víctima Aldo Adán "N" en Córdoba, por su probable responsabilidad en el feminicidio. 

Este martes Silvia Alpuche se trasladó a la ciudad de Xalapa para solicitar una audiencia a la fiscal general y requerirle que consideren los elementos de prueba obtenidos por su abogada.

Sin poder controlar el llanto, la madre de Silvia Jazmín habló con medios de comunicación para visibilizar el caso y que no exista impunidad, como ya ha ocurrido con otros feminicidios.

Cabe referir que aunque de 2015 a 2019, la Fiscalía General del Estado abrió más de 400 carpetas de investigación por este delito, pero el Poder Judicial del Estado de Veracruz solo emitió 53 sentencias.

Es decir por cada 100 feminicidios registrados en dicho periodo, los juzgados solo emitieron sentencia contra 13 probables responsables. Además el Poder Judicial igual emitió cuatro sentencias absolutorias, exonerando a un presunto responsable en 2016 y a tres en 2019.

Con el temor de que la historia de impunidad se repita, la mujer exigió que el organismo agilice las indagaciones y exista un castigo para quien sea responsable de participar en el crimen, ya sea directa o indirectamente.