En medio de la polémica por las resoluciones de jueces, el Congreso local modificó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, con lo que se obliga al Poder Judicial a publicar todas las sentencias emitidas por los juzgadores.

Se les dio un plazo de 180 días, es decir, seis meses, para hacer las adecuaciones que obliguen a la publicación del texto íntegro de sus resoluciones o sentencias.

Tanto el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, se han quejado de las resoluciones de los jueces lo que permite que salgan libres.

Incluso, existe una petición formal en las Mesas de la Paz, que realizan autoridades de seguridad, impartición y procuración de justicia, en el que se ha pedido revisar los criterios de los juzgadores.

La reforma determina que el Tribunal Superior de Justicia del Estado está obligado a presentar una versión pública de todas sus sentencias, para ello, se deberán realizar todas las adecuaciones normativas y tecnológicas con las cuales se pueda dar cumplimiento a dicho ordenamiento.

El Poder Judicial debe presentar una versión pública de sus sentencias sólo en los casos que las considere “de interés público”, clasificación que recae en el propio criterio del sujeto obligado y que está abierta a una interpretación subjetiva.

Sin embargo, con la reforma a la fracción primera del artículo 18 de la legislación local se obligaría a publicar todas las sentencias.